Tener, portar y usar
En Ecuador, hay una ola de crímenes, igual de salvajes, a través del sicariato y robo común’.
En 1996, en Australia, una persona utilizando un arma semiautomática Colt AR-15 entró a una cafetería en Port Arthur, asesinó a 35 personas e hirió a 23.
En 1966, en la Universidad de Texas, Austin, se registra una matanza: 37 muertos, 30 heridos. En esta semana, en Texas, un adolescente de 18 años asesina a 19 niños y a 2 maestras utilizando una arma semiautomática comprada legalmente con 350 municiones. Es una de las 27 matanzas contra inocentes en lo que va de 2022.
En el caso de Australia, están prohibidos desde esa matanza la tenencia, venta, porte y uso de armas semiautomáticas y las llamadas ‘pump-action’, con lo que se redujo esta clase de asesinatos. Incluyó un esquema de recompra para compensar a los propietarios de las armas de fuego prohibidas, un registro centralizado de propietarios de armas y una campaña de educación pública sobre las nuevas leyes.
En EE. UU., el presidente Biden dice que no puede hacer nada, las armas se venden a mayores de edad, sin restricciones. Hay una resistencia sostenida de los republicanos, desde hace décadas, para prohibir la venta de armas a ciudadanos. Los únicos presidentes que pudieron restringirla durante sus mandatos fueron Johnson y Clinton.
En Israel, para comprar un arma se necesita una licencia del gobierno, cuyos requisitos incluyen cumplir con un límite de edad mínimo (veintisiete años para cualquier persona que no haya estado en el servicio militar o nacional), pasar una prueba de seguridad de armas y obtener una carta de un médico certificando que está sano de mente y cuerpo. En la mayoría de los casos se limita la compra a una sola pistola con cincuenta balas.
En Ecuador hay una ola de crímenes, igual de salvajes, a través del sicariato y robo común. Se dice que los delincuentes las tienen gracias a la policía, militares e importadores de armas; las portan y usan porque no hay control. La Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y su reglamento, prohíben la posesión de armas destinadas al uso y empleo de las Fuerzas Armadas y Policía nacional a personas ajenas a estas instituciones. Y las armas de uso civil o particular autorizadas -defensa personal, uso deportivo, colección, seguridad privada-, se adquieren previo permiso otorgado por el jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto. Los comerciantes de armas deben llevar un registro de venta de armas y presentarlo trimestralmente ante la Dirección de Logística del Comando Conjunto. El Decreto Ejecutivo 749 de 2011 mantiene la prohibición de porte de armas de uso civil a nivel nacional. Para portar o tener armas se pide un certificado médico psicológico, examen en línea, pago de tasa, pero no que se conozca cómo usar el arma, o se renueve el certificado médico.
No se explica con tanta norma legal (alrededor de 20, convenios internacionales de tráfico ilícito de armas, inclusive), ¿cómo los delincuentes -incluido el abigeato- están por encima del Consejo de Seguridad, del Comando Conjunto y de todos los ecuatorianos? Si la vida es el derecho fundamental, ¿no será momento de cambiar legal y estratégicamente su defensa? Si no tuviéramos armas, ni delincuentes ni ciudadanos, ¿tendríamos la anhelada seguridad ciudadana?, o ¿esto es algo más profundo, como valores?
