Jaime Rumbea: Descarbonización

La economía circular está en una ley y contiene muchas cosas dignas de revisarse
Las discusiones sobre economía circular pueden llegar a ser interesantes. Esta idea innovadora no solo ha quedado en moda verde, en Ecuador es ley. Pero, ¿qué significa en realidad? Idealmente es un ciclo interminable donde los productos no se convierten en basura, sino que vuelven a utilizarse una y otra vez. Esa es la tesis conceptual de la economía circular ¿Cómo nació este concepto en la legislación ecuatoriana? A mediados de 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.
La legislación no está jugando. Si te pillan incumpliendo, prepárate para una multa que te puede hacer temblar. Una de las cosas de la ley es la Responsabilidad Extendida del Productor o Importador. Si eres productor o importador, ese principio te impone corresponsabilidad desde que nace tu producto hasta que decide retirarse a una transformación ambientalmente correcta. Derivan los principios de “cuna a cuna” o de “cuna a tumba”. Corresponden a denominaciones del ciclo de los productos, que deben reincorporarse en la cadena o “eliminarse” de la forma que menos afecte el ambiente. A metas ambiciosas y principios generalizantes, resultan desafíos.
Hay costos e inconsistencias en la aplicación de la ley. Algunos dicen que los costos de implementación son como un monstruo debajo de la cama, asustando a las empresas. ¿Cuán responsable del producto es el productor, cuánto el consumidor, cuánto los demás eslabones que participan en la cadena económica de cualquier bien o servicio? ¿Qué pasa en productos relacionados con otros con distinto tratamiento y costo ambiental? ¿Cómo se puede apalancar económicamente para el país la ‘importación’ de estas legislaciones y principios que, imponen costos recuperables o costos difícilmente recuperables para negocios y hogares? Bastante gestión se hace en foros internacionales ambientales; bastante se dice del potencial biodiverso de Ecuador en estas lides; ¿qué beneficios suponen dichas instancias para países que se han autoexigido estas cosas vía ley? Ni las observaciones a la ley son exhaustivas ni las preocupaciones y críticas lo pueden ser. Pero el tema es motivo de debate y análisis porque involucra balances económicos sobre cómo se gestiona en nuestro país la descarbonización.