Dilema del innovador

Cuando Clayton Christensen escribió su paradigmático libro El dilema del innovador, se enfocó en las dificultades que tienen las grandes organizaciones para innovar.

Las grandes organizaciones con sus grandes organigramas y ejecutivos, operan con matrices de incentivos que, a la postre, reproducen más de lo mismo. Para ellas es difícil alejarse de ciertos patrones, inercias al fin, que las llevaron al éxito, disuadiendo las llamadas innovaciones “disruptivas”. En las organizaciones grandes se promueven solo cambios marginales; sería ilógico esperar de ellas arriesgar rentabilidad, bonificaciones o incluso las eficiencias logradas por tal o cual empleado para hacer sus repetitivas tareas para luego tomarse un café.

No hace falta redundar en que los Estados han sido las más grandes organizaciones creadas por el hombre. Sus estudiosos han incluso demostrado simbiosis entre prácticas burocráticas de los Estados y las empresas más grandes en cada economía. Por ello estas reflexiones aplican por igual a unas y otras.

Aquello que nos luce a todos de lo más normal, es el motivo por el que salvo en crisis muy álgidas, ni los Estados, ni las grandes empresas, ni las grandes familias se pueden reinventar. No pueden.

Por eso Facebook evitó en un inicio absorber Instagram o WhatsApp. Por eso las empresas innovadoras, justamente, atacan por un lado la cultura organizacional y por otro lado realizan compras de riesgo que les aporten la innovación que dejan de producir ellas mismas para no poner en riesgo su facturación. Por eso cada vez más empresas adoptan prácticas del mundo tecnológico, con equipos y proyectos pequeños y autónomos, “ágiles”, como les llaman, susceptibles de ser mirados como módulos de innovación.

Pero esta discusión apenas puede ser abierta en el Estado, donde guardianes del estatus se escudan en la responsabilidad administrativa, sobreponiéndola por sobre el servicio público que la justifica en primer lugar. El libro de Christensen debería ser lectura obligatoria para entrar a la función pública, como para fines prácticos, en cualquier empresa.