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Jaime Antonio Rumbea | Instituciones

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No va a ser forzando o idealizando que tendremos las instituciones que imaginamos

Leo que nos cuestionamos de nuestras instituciones. ¿Qué es una institución? Las definiciones varían, pero el punto común desde hace milenios es su estabilidad y capacidad para sostener interacciones basadas en consenso social.

El derecho romano, posteriormente influenciado y proyectado como derecho latino, y más tarde convertido en canónico para llegar hasta nosotros como derecho civil, nació como una colección de rituales sociales y privados. Nada más lejano de la burocracia estatal moderna. El inicio de las cosechas, los nacimientos, los matrimonios, la propiedad o el comercio eran rituales privados que se resolvían con testigos, cuyo número variaba según la solemnidad del asunto. Hasta la declaración de guerra, la defensa del territorio y los acuerdos de paz eran rituales sociales que involucraban a los miembros de la familia o al individuo, núcleos privados por excelencia. Esa es aún la esencia de una institución: la que involucra, compromete y funciona para la gente.

Recuerdo al actual alcalde de Quito durante su paso por la Asamblea, pues lideró la aprobación de dos importantes leyes que afectan a las instituciones más relevantes del comercio y la burocracia en nuestro país: el Código de Comercio y la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites. Ninguna de las dos ha logrado pleno vigor. Los abogados, supuestos defensores de los derechos de la gente, ignoran muchos de sus preceptos y mandatos; los funcionarios esquivan día a día su implementación, limitando su alcance. Mientras ni unos ni otros se den por aludidos, el papel aguanta todo en nuestro Estado moderno: las instituciones no se crean por ley.

 ¿Tiene sentido quejarnos de que tenemos instituciones débiles o de que nos falta institucionalidad? Lo dudo. Nuestras instituciones son las que funcionan para la gente y se proyectarán en el tiempo, no las que plasmamos en una ley que queda como letra muerta. No va a ser idealizando ‘instituciones’, ajenas o pasadas, poniéndolas en una ley o un libro, que las haremos nuestras e instituiremos en la práctica. Apuesto a que hay en nuestra crisis de corrupción y narcotráfico más instituciones reales, ocultas y sufriendo de nuestra miopía e ignorancia, que en la justicia formal o en el inexistente estado-nación. Si hubiera una votación real, sin pretensiones burocráticas, maltrechos marcos jurídicos y condicionamientos expertos o elitistas, ¿por cuáles instituciones reales se decantaría nuestro pueblo?