Código criminal

Avatar del Jaime Rumbea

Si así vamos, podrían ir presos todos los políticos, pues sus decisiones y normativa son el código bajo el que opera la sociedad

Tiempo atrás, a los primeros fabricantes de automóviles se los quiso hacer responsables de los accidentes causados por los conductores. Pero, ¿imaginaría alguien hoy que se pretenda imputar a los fabricantes por cada accidente de tránsito?

Aquello que pasaba con los carros y con otras tecnologías innovadoras ahora está pasando con el código y con los sistemas informáticos. Los tiempos pasan pero algunas cosas parecen repetirse.

Cuando FTX quiebra estrepitosamente la semana pasada, se quiere culpar a la tecnología. Se pretende que ‘crypto’, el mercado tecnológico en el que se desenvolvía la empresa, es el culpable del incuestionable fraude cometido por los administradores, aunque aquel no es en nada distinto a cualquier otro delito de cuello blanco: distracción de fondos, préstamos vinculados y falso reporte.

En nuestra realidad provinciana, la legislación confunde también, al referirse a contratos inteligentes programados en ‘blockchain’: “[...] A falta de estipulación contractual, los administradores de dicho programa o quienes tengan su control, serán responsables por las obligaciones contractuales y extracontractuales que se desprendan de los contratos celebrados de esta forma [...]” (Código de Comercio, 2019, art. 77). Es decir, el legislador dispone que al programador que escribe un contrato en código o al proveedor de la tecnología en la que se programa se los haga responsables de las consecuencias del mismo en la vida real de sus intervinientes, como si al abogado que escribe un contrato en papel se lo involucrara en las consecuencias de la ejecución del mismo.

La semana pasada también, una corte de Holanda dispuso prolongar la prisión preventiva, algo inusitado en esos lares, para el programador de Tornado Cash, otro sistema informático que era utilizado por millones de personas antes de que, por un par de frutas podridas, haya sido usado para lavar dinero y, como si fuera la solución, suspendido por autoridades.

La calentura no está en las sábanas. Si no por qué no mandar entonces presos a los políticos, responsables de una tecnología nefasta, anticuada y cuyas consecuencias para todos son evidentes.