Lasso y Petro
Ojalá hubieran mecanismos reales para que la gente controle el accionar de sus políticos’.
Declaró Guillermo Lasso en su momento ante notario que derogaría una docena de impuestos al ser presidente. Hace pocas semanas, en el otro extremo del espectro político, el candidato presidencial colombiano Petro ha recurrido a notario para asegurar que su eventual gobierno no expropiará empresas.
En nuestra región, la estrategia no es nueva. En 2006 Peña Nieto la hizo célebre utilizándola agresivamente bajo el eslogan “Te lo firmo, te lo cumplo”.
Lo simpático del fenómeno es que nada parecen aportar estos escritos, como nada de valor agrega la fe pública para fines que no sean los promocionales. Apenas lograré presentar elementos de análisis.
La comparecencia ante notario y el carácter de documento público suponen brindarle, ante el electorado, carácter vinculante a la declaración. Ahora bien, para que ello suceda, al menos desde el punto de vista de la gente, la declaración unilateral debería bastar para que una oferta política se cumpla. En el caso de Lasso, si hubiera enviado un Proyecto de Ley a la Asamblea derogando todos los impuestos que, ante notario, aseguró derogaría, nada garantiza que el Legislativo lo hubiera tramitado favorablemente. Él habría cumplido, a otros la responsabilidad.
Queda por verse si la violación de una declaración (suponiendo que haya fecha de vencimiento), es susceptible de acción por parte de un afectado. Raro sería el proceso y amplios los espacios de prueba, sobre la base de aquel infinito concurso de personas y circunstancias propio de la política.
Mientras en lo legal pueden discutirse y elucubrarse mundos, es políticamente risible que la derecha y la izquierda tengan que recurrir por igual a este mecanismo para tranquilizar a sus electorados. El problema de la legitimidad en la política, de la credibilidad del candidato, choca con la verdaderas limitaciones de la institucionalidad.
En los zapatos del electorado, el tema es sencillo: ni la declaración ante notario vale para garantizar el cumplimiento, ni la institucionalidad democrática ofrece mecanismos realmente efectivos para sancionar el espacio entre lo ofrecido y lo actuado.
