Planifica nomás
La mayor camisa de fuerza jamás impuesta a los municipios sigue causando estragos’.
El colmo de los planificadores es que sus planes no se concluyan, estén llenos de errores que se proyecten en el tiempo, que nunca se implementen, o que se hagan para décadas y se cambien a cada rato. Y eso pasa.
En la época del gobierno de Correa, su bancada en la Asamblea impulsó y aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo”.
La Lootugs (todo tiene acrónimo en la tecnocracia) introduce un montón de figuras y estratagemas para bajar al nivel municipal conceptos de planificación típicamente provenientes de gobiernos nacionales de planificación centralizada. Los textos fueron importados de otros países sin beneficio de inventario.
Además de cambiar todas las nomenclaturas la Lootugs da “carácter público” al “derecho a edificar” (art. 8) e instituye exacciones municipales con el eufemismo de “concesiones onerosas de derechos” (acrónimo: COD). Como los asambleístas no podían crear impuestos sin iniciativa legal del Ejecutivo, que estaba concentrado en otros proyectos de ley, usaron ese alambicado término y dejaron en manos de los concejales que este seudoimpuesto sea “justo” (art. 5). Claro, receta pensada por y para políticos virtuosos pues desde siempre discutimos qué es justo.
La Lootugs dispone que los municipios armen y expidan los denominados Planes de Uso y Gestión de Suelo (acrónimo: PUGS), con vigencia de 12 años y solo modificables en sus elementos “no estructurantes” en el año posterior a cada nuevo mandato de alcaldes. Son planes que dictan qué se puede hacer en cada predio y cómo.
La ley dio hasta mayo de 2020 para que los 221 municipios expidan sus PUGS. Por COVID, la asamblea dio prórroga hasta septiembre de 2021; ahora está por aprobar una segunda prórroga. Cuando se posesionen los nuevos alcaldes podrán reformar nuevamente estos planes.
De una cosa la otra: las normas de uso de suelo en los municipios del país no tienen estabilidad jurídica de ningún tipo. 4 reformas efectivas o potenciales en 5 años a manos de virtuosos concejales, técnicos y consultores para definir qué pasa con el mayor activo de las personas: sus inmuebles.
