Primeras cosas
La presión de intereses implicó en Quito juicios penales por cambios de uso de suelo y de planos entre debates de Concejo y publicación.
Una de las primeras cosas que tienen que hacer los nuevos alcaldes es preocuparse de sus PUGS. Odioso como es el uso de siglas, es mejor que remitirse al soporífero Planes de Uso y Gestión de Suelo, porque nadie sin alguna maestría especializada en la materia entiende bien que es eso de “gestionar el suelo”.
Los Planes de Uso y Gestión de Suelo -PUGS- son documentos de planificación que nacieron en la legislación ecuatoriana en 2016, con la entrada en vigencia de -obviaré aquí mi comentario sobre el nombre- la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, ley aprobada con astucia por iniciativa legislativa, con impulso del Ejecutivo -incluida incitación posterremoto-, cuyo texto exige a los municipios planificar más.
Esa ley instituyó la novelería de que el derecho a edificar es público y no un derecho privado, transición con inusitadas connotaciones, particularmente… recaudatorias. También creó la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Los PUGS son manifestación del mandato planificador. Se aprueban para congelar condiciones durante su vigencia de 12 años, o tres periodos de alcaldes. Definen zonificaciones, usos de suelo principales, complementarios, secundarios, prohibidos; alturas, densidades; metas de infraestructura y de servicios, con trazados, afectaciones y mecanismos de financiamiento; no quedan afuera cuestionadas fórmulas para exaccionar recursos.
Dentro de sus 12 años de vigencia, los PUGS solo podrán ser actualizados al principio de cada periodo de gestión de nuevos alcaldes. Eso significa que lo que llegó a este periodo siendo suelo urbano o suelo rural, lo que llegó siendo industrial o comercial o residencial, lo que llegó con tal o cual restricción de retiro o altura, para modificarse requerirá ser atendido en estos días.
Ya ha sido dura para funcionarios y para inversionistas la curva de aprendizaje de esta ley. Pero los recursos municipales y las posibilidades de expansión y empleo dependen de, en tecnocrático legalés, gestión de suelo. Atención requiere esto de los nuevos alcaldes.
