De una vez
Sería chévere que como parte de la defensa, los clientes de los abogados también se beneficien
Esta semana fue de escándalo para los abogados porque la Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE- impuso una nueva regulación a los miembros del gremio.
La UAFE pide a los abogados que realicen ciertas actividades (constituir sociedades o fideicomisos, por ejemplo), que empiecen a reportar cuando se crucen con movimiento económicos inusuales de sus clientes.
La reacción no se hizo esperar: individuos y corporaciones acusan a la UAFE de exigirles violar el secreto profesional, por ejemplo, o dificultar y encarecer su actividad. La realidad es que la UAFE ya encarece las actividades en innumerables sectores obligados a reportar desde hace varios años. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la UAFE ha ido exigiendo a otros sectores lo que ahora exige a ciertos abogados. En Ecuador reportan los partidos políticos, las constructoras e inmobiliarias, los patios de carros, los fondos, entre otros, además de, obviamente, los bancos.
Todo esto no sucede a instancia del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, que estuvo hace poco de visita aquí evaluando si Ecuador cumple sus estándares. De dichas evaluaciones depende cómo es visto el país en los mercados financieros: el acceso a capitales puede ser potenciado o limitado. Hasta sanciones proceden en ciertos casos.
El listado de actividades y sujetos obligados a reportar es público y es el mismo para todos los países que conforman el GAFI.
Entre sus recomendaciones, el GAFI se detiene para discernir sobre la prelación de sus mandatos por sobre el sigilo bancario. Existe debate sobre a quién sirve realmente el GAFI y cómo evitar los sobrecostos de sus mandatos.
Al parecer los abogados de nuestro país tienen estándares más astringentes con el secreto profesional que los de otros países; también parecen identificar de forma distinta y más pertinente el sobrecosto que se les impone a ellos respecto a otros sectores y profesiones obligadas. Parecería ser una gran oportunidad que los abogados defiendan de paso a los demás obligados.
