Joaquín Hernández: Hacia el aislamiento

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acabó por consumar el jueves de la semana pasada el fraude electoral en Venezuela. Dicho Tribunal validó los resultados del Consejo Nacional Electoral de ese país, que hasta ahora no ha mostrado ninguna acta. Esta sentencia habría sido validada por expertos internacionales, según señaló el Consejo, sin siquiera decir quiénes fueron los peritos. Era algo que se veía venir y que se ha consumado con toda la grosería que caracteriza al gobierno de Maduro y que muestra como siempre su desprecio por la opinión pública venezolana e internacional. El canciller venezolano ha calificado de “grosero e insolente” el comunicado firmado por 11 países de América Latina que rechazan las sentencias del TSJ.

Hasta la fecha han fracasado todas las políticas mediadoras con Maduro, incluso de sus aliados Lula y Petro. El presidente chileno Gabriel Boric, quien se supondría estaría alineado incondicionalmente con el gobierno venezolano, ha resultado ser el primero y uno de los críticos más contundentes a esta farsa. Su posición es muy importante porque muestra por primera vez, en la larga historia de los movimientos de izquierda, la capacidad de autocrítica de la que han carecido en nombre de sus principios. Si algo no podrán alegar movimientos como el socialismo del siglo XXI o el Grupo de Puebla es que actúan en nombre de la democracia. “Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará signada por la infamia. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea las elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra”.

¿Qué esperanzas existen ante este panorama donde la fuerza bruta se impone contra la razón y los derechos humanos? Que dicte orden de arresto la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro, quien tiene una investigación oficial en su contra desde 2021. Llama la atención, como ha señalado Andrés Oppenheimer en su columna, que la fiscalía de la Corte sigue esperando, sin hacer nada mientras los asesinatos y atropellos del régimen aumentan. Las condenas de los países latinoamericanos también aumentan, pero hay un silencio inexplicable de la CPI. Una orden de captura sería un instrumento de mayor presión contra un dictador tozudo y sin escrúpulos, que muchas de las acciones que se hacen.