Jorge Jalil: ¿Y la consulta?

Al escribir esta columna las fuerzas del orden se ven abocadas a la recaptura de uno de los líderes de las bandas delictivas más notorias del país. Más allá de lo que podemos opinar, el presidente Noboa ha enviado a la Corte Constitucional preguntas con las que se espera controlar la inseguridad rampante que afecta a los ecuatorianos en todos sus ámbitos. Las preguntas han recibido críticas de todas las corrientes, políticas o jurídicas, alegando que las primeras 10 se tratan de reformas legales que una mayoría de la Asamblea podría tramitar y que incluso muchas reformas constan ya en la ley. He revisado las preguntas y los cuerpos normativos que se verían modificados en caso de que la consulta venza. En efecto, la mayoría podrían enviarse a la Asamblea para que las apruebe, pero tramitarlo de esa manera no lograría lo que el presidente busca por la firmeza con la que se espera actuar una vez esto sea aprobado. Él quiere aprovechar una de las consecuencias de un pronunciamiento popular a favor de sus propuestas: legitimidad. Existe una mayoría en la Asamblea gracias al acuerdo de gobernabilidad entre el oficialismo, PSC y RC, sin embargo, de enviar el presidente reformas legales, nunca faltarán quienes se llenen la boca diciendo que representan al pueblo y que esas reformas no son la razón por la que los eligieron. La consulta permite al pueblo pronunciarse claramente sobre diferentes temas y según la misma Constitución, su voluntad es de inmediato cumplimiento. Por otro lado, el presidente necesita la celeridad y presión que pone sobre la Asamblea el triunfo de una propuesta en las urnas. Asusta la cantidad de leyes y juicios políticos que se encuentran en cola hoy en la Asamblea. Y ninguno de estos temas se pueden tratar como ley económico-urgente, figura con la que el presidente logra que la Asamblea apruebe o rechace en máximo 30 días los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Nadie dice que la consulta es perfecta, podrían presentarse más preguntas, pero debatamos eso, no el abstracto jurídico de los académicos que igualan el trabajo en conjunto de la fuerza militar con la Policía a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. El país no da más.