Jorge Luis Jalil | Dolarización, ¿a la ecuatoriana?

Ambos candidatos deben introducir al debate público las medidas que tomarían para traer capitales frescos
Las recientes declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, sugiriendo una “dolarización a la ecuatoriana”, merecen un análisis crítico. La dolarización en Ecuador se implementó en el año 2000, hace más de dos décadas, como respuesta a una crisis económica que llevó la inflación al 91 % en 2000. Desde entonces, la inflación promedio anual ha descendido a 4,5 % entre 2001 y 2019, evidenciando la estabilidad que el dólar ha aportado a nuestra economía.
La propuesta de Cabezas parece insinuar la creación de mecanismos para generar nuevos dólares y desincentivar el uso del billete físico, lo que podría interpretarse como una forma de moneda electrónica independiente del dólar estadounidense. Esta idea recuerda intentos anteriores de introducir un ‘dinero electrónico’ que, de haberse implementado sin el respaldo adecuado, habría puesto en riesgo la dolarización y, por ende, la estabilidad económica lograda. Esto incluso pudo haber generado dos economías paralelas, donde una se alimentaría de la otra y llevaría a la fuga, aún más, de los capitales de nuestro país.
Aunque la bancada de la Revolución Ciudadana propone incluir el dólar como moneda oficial en la Constitución, esto no garantiza la permanencia de la dolarización si se introducen sistemas paralelos que puedan debilitarla. Es fundamental que la candidata presidencial Luisa González se pronuncie claramente sobre estas declaraciones y defina su postura respecto a la dolarización. El país necesita certezas y compromisos firmes para mantener esto parecido a una estabilidad económica que tanto costó alcanzar.
Cualquier propuesta que implique modificar o reinterpretar el sistema de dolarización debe ser analizada con cautela. La estabilidad económica de Ecuador no debe ponerse en riesgo por iniciativas que, aunque bien intencionadas, puedan abrir la puerta a incertidumbres financieras.
Ambos candidatos deben introducir al debate público las medidas que tomarían para traer capitales frescos y aumentar la cifra de inversión extranjera directa que durante tantos años nos ha sido esquiva pero, eso sí, generando suficiente seguridad jurídica para que esto sea posible.