Diga UNE y aparece el absurdo

Contrario y opuesto a la razón, que no tiene sentido: esa es la primera acepción que da la Real Academia Española a la palabra “absurdo”. Pues bien, ¿qué puede hacer el país cuando una organización social, la Unión Nacional de Educadores (UNE), decide actuar absurdamente? Peor aún: cuando alrededor de 50 de sus miembros atentan contra su cuerpo en una huelga de hambre que busca forzar a la Corte Constitucional a violar la ley, de la cual ella es la principal garante.

En esta historia todo es absurdo. El 12 de julio maestros de la UNE iniciaron una huelga de hambre. Se instalaron cerca de la puerta principal de la Asamblea Nacional en Quito y en plazas de Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. Se anunció que se unirían maestros de Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura y Cotopaxi. En total, unos 50 maestros dispuestos a ir “hasta las últimas consecuencias”.

¿Qué buscan? Que se apliquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que la anterior Asamblea Nacional votó, el 9 de marzo, con 126 de 137 votos. Entre las reformas los generosos asambleístas subieron el salario básico de 817 a 1.086 dólares. Y dispusieron que los profesores con 300 imposiciones (25 años de trabajo) pudieran jubilarse sin límite de edad. Y sumaron el pago de sus compensaciones jubilares pendientes.

¿Absurdo? Por supuesto. Incluso Mauricio Pozo, entonces ministro de Finanzas, dijo que esas reformas, votadas por asambleístas salientes, costarían al país tres mil millones de dólares anuales. Es decir que agravarían sin remedio el déficit fiscal. Lenín Moreno, sin embargo, que también estaba despidiéndose, no vetó la ley, que fue publicada en el Registro Oficial el 19 de abril. 35 días antes de irse.

La Asamblea y Moreno no solo actuaron en forma absurda. También ilegal. El artículo 287 de la Constitución dice que “toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”. En este caso, hubo un enorme derroche de populismo, pero ni un dólar de ingreso permanente. Por eso, esta ley fue demandada por inconstitucional ante la Corte Constitucional por el IESS, que considera que afectaría su sostenibilidad financiera. El Gobierno de Guillermo Lasso también es favorable a que la Corte Constitucional declare su inconstitucionalidad. Por ahora, esa Corte concedió una medida cautelar y suspendió provisionalmente la vigencia de esa ley hasta resolver su trámite.

La huelga de hambre es para obligar la Corte Constitucional a pronunciarse favorablemente violando así la Constitución y legalizando la posibilidad de que la Asamblea se vuelva una fábrica de leyes populistas sin fuentes de financiamiento. Los líderes de la UNE creen que el absurdo, para hacerlo digerible, se traga con buenas intenciones. Y es obvio creer que los profesores deben recibir mejores salarios. Pero es absolutamente irracional pretender que se dé paso a esas reformas que cuestan tres mil millones al año en un país semiquebrado, en un momento tan crítico y con 5,5 millones de personas sin un empleo formal.

Absurdo es oír decir a un político como Jorge Escala, también dirigente de la UNE, “que es absurdo” suspender esa ley “porque implica un aumento del gasto público”. ¿Y por qué a sus ojos no es gasto? Porque es, dice, una reparación. Es decir, el lío del país no está en no tener plata sino en no usar las palabras correctas.

Que aquello que pretende la UNE sea contrario y opuesto a la razón no les preocupa: al fin y al cabo esa organización es experta en producir montañas de dólares a punta de lengua, paros o huelgas de hambre.