Consulta para maldita sea la cosa
El presidente, al pretender atender la economía en vez de encarar el bloqueo político, sigue pedaleando en el vacío. Un año casi ha pasado y, por supuesto, su margen de maniobra y su popularidad han disminuido’.
Una consulta popular: es la primicia que dio hace una semana Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Es la tercera vez que anuncia esa receta cuyo contenido -sea el que se antoje- no incidirá, en absoluto, en la dinámica política y en los factores de poder adversos en este momento para el Ejecutivo. La consulta popular no desbloqueará nada; incluso si incluye preguntas sobre temas de inseguridad que afectan tan cruda y dolorosamente a Guayaquil, en particular.
El presidente Lasso decidió, al parecer en forma irremediable, no decretar la muerte cruzada. Una decisión dramática, sin duda, pero que en el momento que apareció en el escenario político -el último trimestre del año pasado- lucía oportuna para él y favorable para el país: podía mandar a la casa a los asambleístas. Gobernar unos meses por decretos. Explicar por qué el país debía salir de la inercia en que lo sumergen el correísmo y los indígenas. Y por qué es una aberración que la dirigencia indígena secuestre al país mediante la violencia y pretenda imponer, sin pasar por las urnas, un programa económico estatista y populista.
El presidente Lasso evitó ese escenario. Lo hizo -al menos así se dijo- por consideraciones económicas: privilegiar la reactivación económica. Concluir el acuerdo con el FMI, cuyos préstamos sostuvieron al país el último año de gobierno de Lenín Moreno. Llevar a buen puerto la renegociación de la deuda con la China. No atentar contra los acuerdos comerciales que lidera Julio José Prado, ministro de la Producción y Comercio Exterior.
El sentido común notificaba que las bondades de ese razonamiento serían licuadas por la irracionalidad política. Y que esa Asamblea a la cual renunciaron Diego Ordóñez y César Rohon, advirtiendo que vivía en un mundo paralelo, no solo no apoyaría esas prioridades del Ejecutivo sino que haría lo posible por sabotearlas. Dicho y hecho.
El presidente, al pretender atender la economía en vez de encarar el bloqueo político, sigue pedaleando en el vacío. Un año casi ha pasado y, por supuesto, su margen de maniobra y su popularidad han disminuido. La muerte cruzada cuenta hoy con menos partidarios, aunque no ha surgido, entretanto, una alternativa que, sin poner todo patas arriba, convoque a los asambleístas a un ejercicio de sensatez y racionalidad.
Por el contrario. Los políticos han liberado todos los demonios y el país más que nunca parece un manicomio: la dirigencia indígena cree ser el gobierno todopoderoso del país. El correísmo muestra sin complejo conexiones con la delincuencia. Y abiertamente mueve sus fichas con sus aliados (el PSC entre ellos) para alzarse con el Consejo de la Judicatura; preludio necesario para anular las sentencias de Rafael Correa y sus panas y juicios a sus aliados.
Hasta la Corte Constitucional, organismo decente, declaró constitucional una ley que no lo es porque, sin ingresos permanentes, equipara y homologa los salarios de 160.906 maestros. Ni esa Corte ni un líder político se preguntó, por fuera del Gobierno, de dónde saldrán los $ 2.175 millones anuales -algunos hablan de más- que cuesta esa decisión populista de Lenín Moreno, que esta Asamblea refrendó. Igual ocurrirá con el proyecto de Ley que acaba de enviar el PSC a la Asamblea para doblar los ingresos petroleros y tributarios a los gobiernos seccionales. Decir que sale del mismo presupuesto es una falacia.
Lasso prometió mover el país, y eso suponía hacerle entender por qué tanta irracionalidad produce inercia, desempleo, pobreza, corrupción, violencia y desconfianza aquí y afuera. La consulta, en ese contexto, sirve para maldita sea la cosa.
