Golpistas y terroristas, y todo OK
¿Desde cuándo el delito es un derecho y la violación de la ley una norma de convivencia?
Un manojo de preguntas sin ánimo de ofender: ¿desde cuándo en Ecuador un grupo social, que representa un bajo porcentaje de la población, puede exigir que un presidente de la República, elegido por una mayoría de ciudadanos, renuncie? ¿O amenazarlo con sacarlo del cargo cuando se le ocurra?
¿Desde cuándo bloquear parte del país, tomar de rehén a su población y violentar todos sus derechos se considera parte de los derechos fundamentales de los manifestantes?
¿Desde cuándo una causa o una reivindicación, por justa que sea, requiere no dejar transitar ambulancias con enfermos, privar de agua una ciudad o envenenarla, bloquear y aterrorizar a los ciudadanos, tratar de privarlos de alimentos y atacar empresas para parar su producción? ¿Desde cuándo se combate la pobreza y se incrementa la solidaridad social provocando pérdidas de centenares de millones de dólares al Estado y a los particulares?
¿Desde cuándo un país progresa tolerando que un puñado de manifestantes lo paralicen, destruyan bienes públicos, desgarren el tejido social, violenten la institucionalidad y den golpes de Estado? ¿Desde cuándo los ciudadanos soportan políticos que en vez de ocuparse de sus problemas más urgentes se dediquen a fabricar informes sin pruebas, complotar y cocinar golpes de Estado?
¿Desde cuándo el vandalismo y el terrorismo son sinónimos de protesta pacífica? ¿Desde cuándo un grupo social tiene guardias comunitarias -un verdadero ejército paramilitar- y puede movilizarlas contra un convoy militar, atacarlo y asesinar a uno de sus miembros? ¿O dirigirlas contra empresas transnacionales que trabajan legalmente en el país?
¿Desde cuándo un colectivo social puede amenazar con incendiar el país si el presidente de la República decide usar la Constitución, poner fin al mandato de los asambleístas y al suyo y enviar a los ciudadanos de nuevo a las urnas? ¿Desde cuándo esa facultad constitucional puede ser manoseada al punto de ser transformada en “dictadura”?
¿Desde cuándo el país admite que los políticos amnistíen en la Asamblea a los procesados por el cúmulo de delitos cometidos contra los ciudadanos durante 11 días en octubre-2019? ¿Desde cuándo consiente que la Fiscalía General del Estado cierre los ojos sobre la violencia y el terrorismo vividos en Cuenca, en otras ciudades, en los alrededores de Quito y en Quito en junio-2022, durante 18 días?
¿Desde cuándo se da por sentado que esos delitos pueden ser repetidos por Leonidas Iza y sus amigos, con total impunidad, cuando lo consideren oportuno? ¿Desde cuándo se considera que estos atentados a los derechos básicos de los ciudadanos son normales, como si Ecuador fuera el escenario de alguna película de la serie de Mad Max?
¿Desde cuándo es normal que un grupo social pueda, en democracia, imponer por la fuerza, a un país que no ha votado por ellos, su plataforma política? ¿Desde cuándo la violencia y no el cumplimiento de la ley asegura la convivencia pacífica entre los ciudadanos?
¿Desde cuándo el delito es un derecho y la violación de la ley una norma de convivencia? ¿Desde cuándo la sociedad ecuatoriana admite ser agredida y violentada? ¿Desde cuándo los violentos se hacen llamar pacíficos y llaman a sus víctimas agresores? ¿Desde cuándo se erigió la irracionalidad en parámetro de discernimiento social? ¿Desde cuándo se autorizó a unos pocos a destruir la economía y a caotizar el país cuando el gobierno no es de su gusto?
¿Desde cuándo el país es de unos pocos? ¿Y hasta cuándo podrán reinar impunes ante la actitud pusilánime de la inmensa mayoría?
