¿Lasso evadirá la muerte cruzada?

Se esperaba que tras los 18 días del paro, con acciones violentas y terroristas, el gobierno retomara la iniciativa política. No hay señales en ese sentido. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, luce enfocado en sacar adelante la negociación con los dirigentes de las manifestaciones. Y en su respuesta a la carta enviada por Virgilio Saquicela al presidente, estableció que esta semana coordinará para integrar una comisión mixta que permita definir una agenda conjunta con el legislativo.

¿Puede prosperar esa iniciativa? Jiménez estableció tres temas concretos (generación de empleo, promoción de inversiones y seguridad ciudadana); puntos en que ya habido disensiones profundas con las bancadas que hoy conforman la nueva mayoría. No hay razón para que eso cambie. La Asamblea negó y archivó en abril pasado la Ley de Inversiones propuesta por el ejecutivo. Sobre empleo, hubo tanto rechazo a la flexibilización (incluso en la Izquierda Democrática) que el gobierno se abstuvo de enviar un proyecto de ley sobre el particular. Y así.

El gobierno acaba de experimentar, además, lo que hizo la Asamblea con uno de sus proyectos estrella: la ley de comunicación. No solo desconoció los cambios que aportaba el Ejecutivo sino que, en su texto, la nueva mayoría resucitó partes de le ley mordaza original del correísmo.

La Comisión de Desarrollo Económico también hizo saber, este 20 de julio, que aprobó el informe para primer debate del proyecto que deroga la reforma tributaria que entró por el Ministerio de la Ley el año pasado. ¿Qué puede esperar, entonces, el gobierno en su relación con una mayoría que, como se sabe, apostó, con trampa incluida, a sacar del cargo al presidente Lasso?

Está claro que la colaboración con el Ejecutivo no es prioridad para correístas, Pachakutik, independientes y el PSC: esas bancadas tienen una agenda ajena a las grandes preocupaciones del país. Su urgencia está en marcar puntos ante la opinión que ellos creen movilizada por las elecciones seccionales. Habrá derroche de pedidos demagógicos al gobierno. Jaime Nebot ya arrancó esa carrera pidiendo que se doblen las asignaciones por ingresos petroleros y tributarios de los 221 cantones y 24 provincias. En ese capítulo, esas bancadas harán política no con sino contra el gobierno. Multiplicando, por ejemplo, los juicios políticos contra sus funcionarios. Patricio Carrillo, ministro del Interior, es un blanco. Unes también quiere la cabeza del Canciller, Juan Carlos Holguín. Esos dos ejemplos muestran la irracionalidad política del Legislativo que el ministro de Gobierno se niega a admitir.

De cara a las instituciones, la agenda de la nueva mayoría encierra peores consecuencias para el país. La debilidad política del gobierno aúpa su apetito ilimitado por llevarse el CPCCS, el Consejo de la Judicatura y otros entes de control. Eso retrata no solo la vulnerabilidad imparable del gobierno sino la posibilidad de que el bloque antidemocrático (UNES más transfugas de PK, la ID e independientes) manejen, paralelamente, gran parte del Estado para fines protervos.

¿Puede, en esas condiciones, gobernar tres años más un presidente débil políticamente, amenazado y sin margen de maniobra? ¿O debe dar un golpe de timón? Algunos proponen una consulta popular. Podría cambiar entuertos institucionales, pero no la coyuntura política. Parar lo que está en camino, zanjar las polémicas, meter el país en debates sobre lo fundamental sólo lo logrará el presidente con la muerte cruzada. Es arriesgado. Pero permitiría que el país decida su inmediato futuro con los ojos abiertos.