Así se llevan el Estado

El presidente hizo un video y el Gobierno un comunicado. Los dos son anuncios de un hecho inminente: el juicio político al ministro Patricio Carrillo. En el comunicado, se rechaza enfáticamente la decisión del Consejo de Administración del Legislativo “por llevar a juicio político” al ministro del Interior. La oposición le cayó porque, evidentemente, el CAL no lleva a juicio; solo lo califica. Pero ¿quién puede dudar de que el correísmo, los renegados de Pachakutik, de la ID y una franja de independientes sintonizada con Virgilio Saquicela, quieren la cabeza del general Carrillo?

Basta recordar lo que ocurrió el 3 de agosto pasado en la Comisión de Derechos Colectivos. Patricio Carrillo compareció y durante tres horas fue acusado por asambleístas correístas y amigos de Leonidas Iza de ser el responsable de ola la violencia que, durante 18 días, vivió el país en junio pasado. El general Carrillo fue acusado de mandar a matar, fue tratado de fascista e incluso de causar la violencia que hubo contra los miembros de las fuerzas de seguridad… Paola Cabezas, asambleísta correísta, se lució en su estilo chabacano, al decir que él hace parte de la gente a la cual “el pueblo les apesta”.

El Gobierno en su comunicado solo comete, políticamente, un error: tener razón demasiado pronto. Es evidente que calificar ese juicio, basándose en la demanda formulada por Lucía Placencia y Johanna Moreira, asambleístas de la ID, aliadas a los intereses del correísmo, es un despropósito. No hay una prueba en esas 83 páginas en las cuales hay 15 páginas de fundamentos doctrinarios y 36 páginas de firmas. Las causales invocadas son incumplimiento del deber, basadas en uso extralimitado de fuerza y represión.

No hay, por supuesto, alusión alguna a la violencia ejercida por las hordas comandadas por Leonidas Iza. Nada sobre el bloqueo de carreteras y vías. Nada sobre los asaltos y extorsión a empresas florícolas. Nada sobre la ocupación a campos petroleros. Nada sobre la emboscada a camiones militares. Carrillo es acusado de irrespetar la autonomía de centros académicos, de haber enviado policías a la Casa de la Cultura y de haber ocupado ese recinto y también de los seis muertos que arrojaron esos 18 días de violencia y terror provocados, en particular, por la Conaie dirigida por Iza: esa demanda no aporta una sola prueba de que la Policía los causó.

El juicio político contra el ministro Carrillo es parte de una estrategia, muy bien rodada, para inmovilizar el Estado ante los violentos. Se trata de impedirle que cumpla la ley y la haga cumplir. En Octubre-2019 se vio cómo actuaron los organismos de derechos humanos encargados de endosar todas las culpas al Estado y a sus funcionarios. El informe de la Defensoría del Pueblo, dirigido entonces por Freddy Carrión, preso desde octubre pasado por abuso sexual, es una pieza icónica en ese sentido.

Primero transformar al Estado en un verdugo y a los violentos en sus víctimas. Luego, convertir las atribuciones que tiene el Estado para defenderse en acciones inconstitucionales, intimidatorias, represivas y peligrosas contra los manifestantes. Esos intentos quedaron registrados en los debates en la Asamblea a propósito del proyecto de ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Sacar a los ministros que les son incómodos hace parte de ese programa. Por eso no solo van por el ministro del Interior sino también por el ministro de Defensa.

Quieren llevarse al Estado, persiguiendo a sus servidores e hipnotizando a la opinión: para eso les sirven estos juicios políticos.