El PSC expele un mal olor
El caso de Serrano se agrava cuando confiesa que, para ese efecto, el PSC está dispuesto a considerar las dos vías previstas en la Constitución a condición -solamente a condición- de que exista un pedido formal. Una desvergüenza
Algo no cuadra. Algo anda mal en el PSC que, a veces y en temas fundamentales, coincide con el correísmo y otros enemigos declarados de la democracia y sus valores. Acaba de ocurrir a propósito del pedido de elecciones anticipadas hecho por el correísmo en un momento aciago: justo tras (y con motivo de) los atentados perpetrados por bandas criminales en Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo.
La versión corta del desasosiego generado por el PSC podría ser la siguiente: es inconcebible que el partido de Jaime Nebot coincida con el correísmo, cuyos líderes han tenido y tienen relación con personajes vinculados con el narcotráfico, es contrario a la extradición de delincuentes, no ha condenado la violencia provocada por bandas y tiene entre sus asambleístas a Ronny Aleaga, autoproclamado miembro de los Latin King.
La versión larga de esa desazón es más intrincada, pero llega al mismo punto: arranca del comunicado que firmó su presidente, Alfredo Serrano, el 2 de noviembre; horas después de una noche de 18 atentados criminales; un hecho nunca registrado en la historia del país.
En ese comunicado, lejos de condenar la violencia criminal, solidarizarse con las víctimas y sus familias -principalmente policías- y hacer cuerpo con el gobierno, Serrano avaló la intención confesa y abiertamente inconstitucional del correísmo: tumbar a Guillermo Lasso y dar paso a la sucesión presidencial. El vicepresidente es citado tres veces.
Se dirá que allí solamente se evocan las figuras previstas en la Constitución para cesar en funciones al presidente. Lo cual es peor porque no cabía esa supuesta lección de constitucionalismo en un momento tan grave para el país y cuando el mensaje político básico se refiere a cómo destituir al Presidente de la República.
El caso de Serrano se agrava cuando confiesa que, para ese efecto, el PSC está dispuesto a considerar las dos vías previstas en la Constitución a condición -solamente a condición- de que exista un pedido formal. Una desvergüenza. No solo porque la muerte cruzada solo puede ser invocada una vez durante el período legislativo sino porque el presidente no ha incurrido en ninguna de las causales previstas en el artículo 129 de la Constitución para ser sujeto de juicio político.
En esas condiciones, vuelve la pregunta: ¿por qué el PSC coincide con el correísmo golpista? Nadie negará, en efecto, que el correísmo se ha esforzado, otra vez, en crear un ambiente y un escenario conveniente para anticipar las elecciones. Lo ha hecho invocando la causal de conmoción interna forjada no por el presidente sino por las bandas criminales. Y reavivando el mecanismo de la muerte cruzada que la Asamblea agotó el 28 de junio pasado.
El PSC puede decir, para sacar la cabeza de las aguas fangosas en las que suele nadar, que tiene diferencias profundas con el Gobierno sobre su política de seguridad. Eso no solo podría ser legítimo sino enriquecedor; a condición de presentar un plan de seguridad. No lo ha hecho.
Aquello que no se entiende es cómo diferencias conceptuales, programáticas o de liderazgo, supuestamente entre demócratas, llevan al PSC a coincidir con golpistas, a debilitar el frente republicano y a atentar contra la estabilidad de un gobierno legítimo en plena ola de atentados por parte de grupos mafiosos. ¿Al PSC no le importa que se diga, basándose en los hechos que produce, que conspira con aquellos que se llevan bien con los narcos?
Algo no cuadra; algo anda mal en la lógica de un partido que ha sido la fortaleza política más dura que ha tenido el país contra la delincuencia.
