¿Los violentos tendrán la cabeza de Romo?

El juicio político contra María Paula Romo no interesa a la gente. Al fin y al cabo, a la gente no le importa el destino de los funcionarios de un gobierno que está feneciendo. Menos aún si ese gobierno es impopular y ha desgastado su cuerda política: no tiene nada que ofrecer, salvo arrastrar sin pena ni gloria su pobre gestión hasta mayo entrante.

El juicio no es contra el Gobierno. Sus motivos conducen todos a octubre del año pasado; el mes en que el país vivió 11 días de asedio y amenaza a sus instituciones y de violencia inaudita en las vías y calles; particularmente en las de Quito. Ese juicio apunta, entonces, a la ministra que, en cumplimiento de su deber y como jefa política de la Policía Nacional, defendió las instituciones, la continuidad de Lenín Moreno en la Presidencia y enfrentó los embates de grupos violentos con propósitos múltiples. Uno de ellos, fomentar un golpe de Estado. Al punto que las Fuerzas Armadas recomendaron que el presidente Moreno despachara desde Guayaquil.

Los motivos y la protagonista convierten, entonces, este juicio en un hecho político que, por sus características, podría ser interpretado como la secuencia lógica de esas jornadas. Sumida en la crisis económica y los riesgos del coronavirus, la ciudadanía no se sentirá concernida por un juicio que se llevará a cabo a finales de este mes. Pero ese juicio tendrá repercusiones y mensajes en muchas direcciones.

El primero es para los responsables de haber tenido al país casi paralizado, las vías bloqueadas, las ciudades sitiadas y desabastecidas, Quito invadida y atacada, sus ciudadanos amenazados, policías y periodistas secuestrados, 57 ambulancias atacadas… ¿Cuál es el mensaje si la ministra que se opuso, enjuiciada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, porque no había más, es destituida? Su lectura será que un ministro, cualesquiera que sea, y bajo cualquier gobierno, será arrastrado por la Asamblea por haber cumplido con su deber.

También pensarán que, en adelante, pueden llegar a las ciudades, atacarlas, crear la zozobra que quieran y ellos refugiarse, impertérritos, en algún lugar y declararlo zona de paz. Porque eso hicieron esta vez y los tres asambleístas enjuiciaron a Romo porque cayeron unas bombas lacrimógenas (por las cuales ella se excusó) cerca de dos universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura donde se alojaron los manifestantes. Zonas de paz, dijeron. Confesando así que convirtieron otros sectores de Quito en zona de guerra.

Si Romo es destituida por los motivos evocados por la correísta Amapola Naranjo y los independientes Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, el mensaje para los próximos ministros de Gobierno es claro: en caso de ataque (de indígenas o cualquier otro sector), lo mejor es no oponer resistencia. O exponerse a ser enjuiciados por asambleístas que durante esos días hicieron coro con los violentos o se cruzaron de brazos. Y, finalmente, ¿qué mensaje puede recibir la Policía que encaró ataques incluso de grupos entrenados en técnicas de guerrilla urbana y armados con lanzacohetes artesanales? Que cumplir la ley puede exponer a la destitución a sus jefes políticos. U operativos.

Enjuiciar a la ministra que dio la cara es atribuir la victoria política a aquellos que ahora confiesan que no les interesa la democracia formal y piensan hacer la revolución. ¿Qué harán en Guayaquil, los líderes de CREO y del PSC? Guillermo Lasso y Jaime Nebot coincidieron en condenar la violencia, los atentados a la democracia en octubre-2019 y defender al gobierno. ¿Ahora sus asambleístas enjuiciarán a la funcionaria que entonces apoyaron?