Juan Carlos Díaz Granados | Asamblea Constituyente
La ambigüedad genera incertidumbre y bloquea la atracción de la inversión extranjera
La Constitución vigente presenta ciertas limitaciones que obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Convocar a una Asamblea Constituyente exclusivamente para abordar esas taras podría ser una solución efectiva que nos aleje del escenario venezolano.
El primer tema sería facilitar la flexibilización del mercado laboral. La prohibición de contratar por horas o a plazo fijo limita la capacidad de los negocios para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Permitir estas modalidades de contratación fomentaría la creación de empleo, especialmente en sectores como el comercio y los servicios, donde la demanda puede variar significativamente. Además, ofrecería oportunidades laborales a estudiantes y personas que buscan trabajos temporales.
El segundo asunto para tratar sería la mejora en la gestión del sector público. La dificultad para despedir a funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades es una carga para el Estado. Facilitar la optimización de recursos no solo mejoraría la eficiencia del sector público, sino que también incentivaría a los funcionarios a desempeñar sus funciones con mayor responsabilidad y compromiso hacia el país.
La tercera materia sería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que inspirado en modelos extranjeros como el venezolano no ha demostrado ser efectivo en Ecuador. Su eliminación permitiría redirigir los recursos públicos hacia áreas más prioritarias y reduciría la burocracia, posibilitando una gestión más ágil y eficiente del Estado.
La cuarta cuestión sería la abolición de los monopolios públicos porque son ineficientes y costosos para el Estado. Su eliminación abriría el mercado a la competencia, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los costos para los ciudadanos. Además, fomentaría la inversión privada y la innovación, impulsando el crecimiento económico.
Y finalmente, clarificar que el arbitraje internacional sí es posible en Ecuador en todas las circunstancias. La ambigüedad genera incertidumbre y bloquea la atracción de la inversión extranjera para resolver desafíos en los que los monopolios públicos han fracasado.
