Juan Carlos Díaz Granados | Asamblea: experta en crear problemas

La Asamblea Nacional aprobó tácitamente el incremento del IVA al 15%. Esto se suma a otros impuestos que creó y modificó en la última reforma tributaria: el ISD que regresa a la tarifa del 5 %; las empresas, exceptuando las mipymes, pagarán, durante dos años una contribución equivalente al 3,25 % de sus utilidades; y los bancos y cooperativas una que va desde el 5 % al 2% de sus utilidades.

No es la primera vez que se echa mano de los recursos del sector privado para satisfacer necesidades del sector público que deberían tener un financiamiento permanente. Otras contribuciones se establecieron también en el 2016, 2019 y 2021. Lo nuevo es el mecanismo legislativo que en esta ocasión se usó para crearlas.

Expertos constitucionalistas han debatido que solo el presidente, de acuerdo a los artículos 135 y 301 de la Constitución, puede presentar proyectos de ley que creen o modifiquen impuestos. La Asamblea puede aprobar o modificar la propuesta, pero, de acuerdo con la Corte Constitucional, esta no puede crear un impuesto aprovechando el proyecto tributario. Eso hace sentido si consideramos que el Ejecutivo es quien dirige la política económica y fiscal.

La Asamblea, sin iniciativa presidencial, creó inconstitucionalmente impuestos y vulneró los principios tributarios de generalidad y equidad protegidos por el artículo 300 de la Constitución. Se aprobó que los bancos tengan un tratamiento distinto, argumentando que lograron utilidades extraordinarias. Palabras llamativas, porque toda empresa tiene que generar utilidades, crear empleos, dinamizar la economía y así, pagar más impuestos; y en el caso de los bancos, colocar más crédito.

De los datos presentados por Asobanca, la rentabilidad del sector no supera los niveles prepandemia. El único sustento de dicho trato discriminatorio es la animadversión que ciertos políticos sienten hacia la actividad bancaria. El efecto de esa animadversión será, según Asobanca, 1.800 millones de dólares menos en crédito a empresas y personas; y de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, esa contracción generará la disminución del crecimiento económico entre 0,4 % y 1,1 % en 2024. Costosa la decisión inconstitucional de la Asamblea para financiar la despilfarra.