Juan Carlos Díaz Granados: Seguridad energética
Ecuador requiere urgentemente asegurar su suministro energético para prosperar
La seguridad y la soberanía energética son conceptos claves en la gestión del sector energético de un país. La soberanía energética se refiere al derecho de un Estado a decidir cómo producir, distribuir y consumir su energía, asegurando que sus recursos sean utilizados para el beneficio de su población. En cambio, la seguridad energética se centra en la capacidad de un país para garantizar un suministro de energía confiable, accesible y sostenible, minimizando la vulnerabilidad ante crisis o interrupciones.
La Constitución ecuatoriana menciona la soberanía energética en varios artículos, reflejando un interés ideológico en el control nacional de los recursos energéticos. Sin embargo, se ha descuidado la seguridad energética, lo cual fue un error. El bloqueo sistemático a la inversión privada ha contribuido a la crisis energética actual, marcada por la negligencia, omisiones y corrupción en el sector por parte de diversas autoridades a lo largo de los años.
Un ejemplo de modelo exitoso fue la concesión de la generación eléctrica de Guayaquil a Emelec, una empresa privada estadounidense. Durante décadas, Guayaquil disfrutó de un suministro energético constante, lo que impulsó su desarrollo económico. En contraste, el resto del país sufría cortes de energía, dado que dependía de la red pública. Al no renovarse la concesión, Guayaquil enfrentó los mismos problemas de escasez que otras regiones, evidenciando la diferencia entre políticas energéticas efectivas y las ineficaces.
Un estudio de la Universidad San Francisco revela que Ecuador enfrenta un déficit energético superior a 1.000 MWh. La falta de diversificación, mantenimiento y la dilación en nuevos proyectos han creado una proyección de escasez que requiere $10.446 millones en inversiones para 2032.
Ecuador requiere urgentemente asegurar su suministro energético para prosperar. El modelo vigente ha colapsado, amenazando la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamental abrir las puertas a la inversión privada en el sector energético y eliminar las barreras que impiden la autogeneración y las concesiones.
