Hablar con prófugos no es un buen negocio
Poner la impunidad como moneda de cambio para pasar una ley solo producirá la normalización de la corrupción en la sociedad.
Son prófugos porque delinquieron y rompieron la ley. Son prófugos porque no tienen la entereza de enfrentar a la justicia y pagar por sus delitos. O lo son porque temen a la cárcel ya que su conciencia los acusa.
Son prófugos y usan el argumento del ‘lawfare’ como una estrategia comunicacional que integra narrativas transmediáticas. Son prófugos y tienen contratados los mismos abogados en Europa y en América Latina, pagados por fundaciones que ellos, desde el gobierno, financiaron.
Son prófugos y utilizan su poder de manipulación para tener aún una fuerza electoral en su lugar de origen. Y con ello buscan negociar su impunidad a través de la consecución de grandes bloques legislativos.
Las similitudes entre el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, y el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, también prófugo de la justicia española, son evidentes. Ambos comparten situación legal, estrategia de defensa, formas de hacer política, y hasta lugar de residencia.
En las últimas horas, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont con el objetivo, como lo ha dicho ella, de “explorar soluciones democráticas al conflicto político”. Es la primera reunión oficial que hiciera un miembro del Gobierno de España desde que el político huyó de su país para eludir la acción de la justicia.
Pero, más allá de los cálculos políticos propios de un gobierno para mantener su poder o generar gobernabilidad, ¿vale la pena negociar con prófugos? No. El daño social que genera esta acción pasará una factura pronto.
Negociar con un prófugo, anteponiendo sus intereses particulares, generará un daño a la sociedad en el corto plazo. No hay manera de dialogar con un prófugo sin que éste anteponga sus casos judiciales o los de los suyos, es decir su impunidad, como primer punto de la negociación. Quedará en la conciencia del gobernante, en caso de que esta acción se consume, el hecho de que por su propio interés, así sea maquillado bajo el argumento “de la democracia”, se produzca este daño irreversible.
En agosto de 2019, el hermano del expresidente Correa escribió un trino exteriorizando su “decepción y vergüenza” por el encausamiento criminal de Rafael. Y lo hizo comparando valientemente la situación del exgobernante con la de su propio padre, manifestando que él “por lo menos tuvo la decencia de reconocer su error, pagarlo en la cárcel y enderezarse”.
Pagar por los errores que uno ha cometido, o al menos defender su posible inocencia con transparencia, es lo mínimo que pide la ejemplaridad pública. Poner la impunidad como moneda de cambio para pasar una ley, armar un gobierno, o simplemente con la excusa de “ser democráticos”, solo producirá la normalización de la corrupción en la sociedad. Se produce así una confusión grave de la mayoría de la población.
A quienes han negociado con prófugos nunca les ha ido bien. Pierden inmediatamente la confianza de sus electores, que votaron por ellos por una causa. Con quienes pactaron, los traicionan inmediatamente al momento de conseguir impunidad. Por eso hablar con prófugos nunca será un buen negocio.
