Nuevos crímenes de lesa humanidad

Tras muchos intentos, fue creada la Corte Penal Internacional (CPI) por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998, mediante el Estatuto de Roma, una jurisdicción independiente que constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La CPI es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y, luego de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de 2010, del crimen de agresión en el caso de países que hayan ratificado.

Actualmente han surgido opiniones sobre cuáles son los nuevos delitos que también deben perseguirse. La COVID es la única peste con alta capacidad mortífera aparecida en el mundo desde que esos organismos fueron creados, y podría dar lugar a una evaluación diferente de la conducta de los gobernantes cuando una acción u omisión dolosa provoque miles de muertes que podrían haberse evitado. Hasta hoy, el Tribunal Penal Internacional y otros tribunales especiales juzgaron crímenes de odio racial, étnico, religioso o político. ¿Pero qué ocurrirá con los decesos masivos a causa de la indiferencia de los gobiernos por el resultado de sus acciones? Los penalistas los califican de dolo eventual pues el autor no tuvo intención de matar, pero tampoco le interesó evitar la muerte. La interpretación de la intención cobraría gran importancia; el Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad, enuncia entre sus variantes: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”, demostrando el desinterés de un Estado para investigar y actuar. Deliberarán los jueces del Tribunal sobre si existió o no desinterés. Por ejemplo, en Argentina donde el Gobierno pediría reducir significativamente el número de dosis que puede obtener en condiciones preferenciales, mientras otros países pugnan por comprarlas. ¿Cuál es el motivo para que rechacen vacunas que podrían inmunizar a la totalidad de la población presumiblemente vulnerable? A ello debe agregarse el rechazo de una donación de 15.000 vacunas del gobierno de Chile para la población de Río Turbio, Argentina, y la ruina económica en que han quedado sumergidas poblaciones por el encierro al que cierto gobierno forzó al sector productivo por no haber contado a tiempo con inmunidad sanitaria.

Creemos necesario el pronunciamiento de la CPI. Existen muchas dudas sobre la actitud de algunos gobiernos que prefirieron esperar mucho para ver si en verdad la COVID-19 afectaría a su población.