Chile, el rechazo

La votación al proyecto de nueva constitución para Chile fue una derrota aplastante que obedece a la alta participación que se dio por la inscripción automática y la votación -obligatoria por primera vez en la historia de ese país-, superando a las elecciones del presidente de extrema izquierda Boric. Esto desconcertó al actual régimen; han renunciado ministros y se han reunido dirigentes de partidos simpatizantes de Boric para buscar alguna otra fórmula que le permita llevar a cabo el programa de gobierno y los cambios que tenía anunciados.

La Convención Constitucional, elegida en mayo de 2021 con paridad, escaños reservados e independientes, ocasionó innumerables polémicas. La aprobación de normas de educación, salud y vivienda a que aspiraban los patrocinadores no fueron tomados en cuenta por los miembros de la convención. Las seis comunas emblemáticas le dieron la espalda al Apruebo y se inclinaron al Rechazo. Los exconvencionales, sintiéndose culpables, manifestaron: “el pueblo ha hablado”. Como dijo un político contrario, los convencionales quisieron ir por todo y nos dejaron sin nada.

Su sistema democrático y su economía colocaban a Chile entre los primeros países del continente. El presidente Boric y algunos de sus ministros plantearon que era muy difícil poner en marcha su agenda social con la Constitución vigente. Este rechazo ganador golpea al Gobierno, que apoyó el proyecto. Muchos chilenos creen que el referéndum fue como un plebiscito a la administración de izquierda que tiene seis meses en el poder, por lo que Boric debe tomar medidas oportunas. Una de ellas sería convocar a una nueva convención y llamar a la unidad para ponerse de acuerdo con un gran diálogo. Por lo pronto ha reaccionado cambiando al secretario de la Presidencia y a la ministra del Interior.

Con lo que está sucediendo en este país bien puede hablarse de un Fernández vs. Fernández. Ya que existe una marcada división en Argentina. Cristina fue objeto de un intento de magnicidio y los representantes de la derecha condenaron la acción del presidente Alberto Fernández por declarar feriado al día siguiente para apoyar a la vicepresidenta. Dos fiscales pidieron prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos para Cristina por supuesta corrupción en la obra pública de su gobierno. Además de los juicios que ya tiene pendientes y de los que se ha ido librando desde la vicepresidencia, cambiando jueces y alegando inmunidad, la actual acusación es por direccionar la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde era gobernador su marido Néstor. El fiscal Luciani aseguro que se trató de la mayor obra de corrupción del país. Como era de esperarse, el presidente envió un mensaje de apoyo a su vicepresidenta.