La Corte Penal Internacional y Venezuela
Costó mucho esfuerzo que los Estados participen en una conferencia para sancionar a gobernantes que cometieran graves delitos determinados en los Estatutos de Roma, ciudad donde se realizó la reunión. Es la primera vez que la Corte Penal Internacional - CPI, abre una investigación en América Latina y ha sido considerada histórica por defensores de DD. HH.
Ya en 2018 el fiscal Khan hizo un examen preliminar que se abrió y no fue más que “una etapa de filtrado a medida que avanzamos hacia esta nueva etapa”. El 2017 fue escenario de cruentas protestas en las que parte de la población venezolana salió a las calles asfixiada por la escasez de comida, la inflación y la inseguridad, a lo que se sumó la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro. El cierre del examen preliminar y el inicio formal de una investigación significa que la CPI tiene elementos para pensar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, e investigará presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas que hayan ocurrido contra ciudadanos bajo detención del Estado. Esta etapa de investigación es muy compleja pues hay que determinar la línea de ataque, si hubo una política de Estado y una sistematicidad en los crímenes. Va más allá de las violaciones de derechos humanos.
Maduro dijo aceptar la decisión de Khan, pero no compartirla. La nueva fase de investigación abre una ventana a las víctimas de estos presuntos crímenes y al propio Gobierno, ya que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma y debe cooperar con ella. La CPI podrá culminar la investigación si determina que las instituciones venezolanas cooperan de manera genuina y eficaz para que se haga justicia. No obstante, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, declaró ante los medios que el cierre del examen preliminar y la investigación que se llevará a cabo “no cumplen con los requisitos del Estatuto de Roma”. Y se refirió a que el 13 de febrero de 2020, el gobierno de Maduro pidió a la CPI que investigase presuntos crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, al menos desde 2014”.
En septiembre del año pasado, un informe de la Misión de Determinación de los hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, vinculó al Gobierno venezolano con supuestos crímenes. En ese momento, Venezuela rechazó el informe.
Esta primera investigación en América Latina generará un contagio para el resto de los países de la región y puede evitar que las violaciones de derechos humanos lleguen a estos niveles de gravedad.
