Vale más callar
Las noticias falsas están en todos lados, particularmente en los medios a los que esta ley no afecta. La información es percepción, morbo (el conocimiento de causa casi ha quedado relegado) y las redes sociales son las reinas de la toxicidad.
Está en todos los medios, una ley de comunicación que tiene como propósito que no se comunique. La agenda es clarísima: que el Estado se encargue de darnos pensando lo que le interesa que pensemos, que los trolls sean nuestros voceros, que los cuartos de guerra sean las instituciones que definen la inclusión, la participación, la equidad y la libertad de pensamiento y, consecuentemente, quien determina si su vida continua con naturalidad o termina devastada. Que los dineros del erario financien el mensaje que el ‘electo’ de turno estime importante para posicionar su imagen y logre perennizarse en esa posición. Que el editor esté subyugado por un mensaje etéreo de censura de cualquier ofendido porque no se le permite comunicar X.
Los medios, las redes, las autoridades, los ciudadanos, todos comunican, es una función vital. Si no comunicamos, morimos. Si se regula lo que se comunica, entonces se regula el comportamiento. Es lo que sucede en las dictaduras y en las autocracias. Creo que si alguien está leyendo este texto lo tiene claro. Vaya y dígale a Putin lo que piensa, buena suerte con eso.
La ley hecha por un informe de minoría, aprobada por 75 votos de la Asamblea Nacional y cuyo veto ha sido anticipado por el Ejecutivo, pretende que la Defensoría del Pueblo se convierta en la nueva Secom mediante los artículos 12 y 35 que establecen: “iniciar los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus competencias, o ejercer las acciones constitucionales que le asistan”. El texto no es exacto, está hecho para que el Reglamento haga la otra parte. Se deja el ámbito de las sanciones suelto; tremenda bala perdida.
El antiguo Cordicom tendría un nuevo nombre: Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, ente que se encargaría de “capacitar” a los medios en el manejo de la información y se encargaría de “garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa y el derecho de la comunicación y la información”. Además incluye “vigilar los procesos de regulación y participación ciudadana en los medios públicos del país y el cumplimiento de los principios de autonomía, independencia editorial, pluralidad, participación, transparencia y rendición de cuentas”. Por favor, lea con detenimiento cada palabra y cotéjela con la práctica.
Con esta reforma a la Ley de Comunicación se crea un artículo para regulación de la “información falsa”. El texto dice que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos: “queda prohibida la difusión de toda información falsa”. ¿La información falsa de quién? Las noticias falsas están en todos lados, particularmente en los medios a los que esta ley no afecta. La información es percepción, morbo (el conocimiento de causa casi ha quedado relegado) y las redes sociales son las reinas de la toxicidad. ¿Nos va a proteger esta grandiosa reforma de las mentiras, calumnias, odios y destrozos que producen los gestores de contenido en redes? Nadie nos protege de nada; eso es una selva.
Esta ley ignora la responsabilidad individual de escoger la fuente, de manejar con criterio la información, de tener un filtro acorde a los conocimientos y a la conciencia. Vale más callar.
