Martin Pallares | Asamblea: la impunidad llegará por omisión

Si luego de lo que dijeron dos observadores internacionales sobre el proceso de selección para los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia no hay la decisión de la mayoría legislativa de llevar a un juicio político al Consejo de la Judicatura, se estaría probando que tras el acuerdo legislativo hay un pacto para dejar que las mafias se tomen el control de la justicia. No iniciar de inmediato un juicio político en contra de Wilman Terán y Xavier Muñoz, que controlan la Judicatura, luego de estas observaciones y de todo lo que ya se sabe, es la prueba reina de que lo que se busca en la Asamblea no solo es la impunidad de quienes ya están condenados sino de todos los mafiosos que esperan tener los jueces que les conviene. Los dos observadores que hablaron el lunes tienen una importante reputación internacional: el peruano Diego García Sayán y el chileno Jaime Arellano. Ambos confirmaron lo que se ha estado denunciando sobre este proceso. Es decir, no existe la mínima transparencia que se exige en los estándares internacionales y se han hecho cambios injustificados y sospechosos, como anular una prueba de confianza. Además, que se ha nombrado a expertos (léase Mireya Pazmiño) para el proceso que no tienen el nivel de un juez de una Corte Suprema de Justicia, como exigen los estándares internacionales. García Sayán y Arellano dijeron cosas tan graves como que no han encontrado evidencias creíbles de la justificación que dieron Terán y Muñoz para anular la prueba de confianza: una falla del software. Apenas cinco postulantes de los algo más de 200 postulantes se quejaron del sistema. Adicionalmente, dijeron que una vez anulada la prueba no se informó sobre su resultado, por lo que se derrumba cualquier principio de debido proceso. Sin nombrar a un juicio político, dijeron que en Ecuador hay las herramientas constitucionales para frenar el proceso.

García Sayán y Arellano solo se refirieron por ahora al proceso de selección de los jueces, pero no descartaron que en informe final se refieran a la conducta e idoneidad del Consejo de la Judicatura. Fueron tan contundentes sus observaciones que, si no hay alguien de la clase política trepada en la mayoría legislativa que reaccione es porque el blindaje al impresentable Consejo de la Judicatura es, en realidad, el más importante punto del pacto entre corrreístas, socialcristianos y gobierno.