Martín Pallares: Trabajan para construir un nuevo Haití
Los iluminados de los asambleístas acaban de sacar, el jueves, del proyecto de ley que hace pocas semanas envió el Gobierno
El gran obstáculo para que el sector privado invierta en proyecto de generación eléctrica es el temor que tienen los inversionistas a que el Estado no les pague por lo que producen. Hay, de sobra, motivos para ese temor. En los 90 del siglo pasado, la empresa Machala Power, que producía electricidad con gas, colapsó porque el Estado no le pagaba. Actualmente hay distribuidoras como CNEL que no pueden pagar todo lo que compran de electricidad porque tienen unos contratos colectivos terriblemente costosos, que incluyen pagos de más de 400 dólares por guarderías para cada empleado. Fue precisamente esa falta de garantía la que frenó las inversiones para los proyectos de energía fotovoltaica que dejó firmados el gobierno de Guillermo Lasso y que, si ya estuvieran operando, estarían entregando cerca de 1.000 megavatios al país. Entre esas, el proyecto El Aromo.
Pues bien, los iluminados de los asambleístas acaban de sacar, el jueves 17, del proyecto de ley que hace pocas semanas envió el Gobierno para estimular la inversión privada, el artículo que permitía establecer un fideicomiso para garantizar ese pago. Es decir, mataron el proyecto. Sin esa garantía a ningún inversionista le interesaría venir a trabajar en el Ecuador, país conocido mundialmente por ser moroso y lleno de pillos.
Un ciudadano, invadido por la indignación y la frustración, inmediatamente razona y dice: estos son unos imbéciles que por ignorantes y dogmáticos acaban con la posibilidad de que se generen más energías limpias y renovables. Pero cuando se escarba un poquito, resulta que más que imbéciles los legisladores son vivísimos. Con el fideicomiso se transparentarían las cuentas de las empresas distribuidoras y generadoras que hay en el país y con eso caerían las abominables mafias que manejan el sector. Por ejemplo, las cuentas de CNEL, que opera en Guayaquil, donde solo los beneficios entre 2018 y 2023 alcanzaron los 500 millones de dólares. Existe una mafia política que no se diferencia mucho de la de la narcopolítica, que desde tiempos de Lasso boicoteaba al fideicomiso que garantizaría la inversión de los privados. Con políticos así, que no se sabe si son imbéciles o vivísimos, Ecuador va camino a convertirse en Haití.
