Medardo Mora: Consulta y campaña electoral
No se puede fortalecer la democracia sin partidos o movimientos políticos organizados con base en tesis que contribuyan a construir un mejor país
Ecuador acudirá a una nueva Consulta Popular, cuyo costo se lo paga con recursos de los ecuatorianos. Esta consulta ha sido convocada y elaborada pensando en el aporte que le pueda significar en la reelección al presidente Noboa, quien no ha disimulado su deseo de candidatizarse el 2025, lo cual lo limita para tomar decisiones en beneficio del país; las tomará calculando los votos que le representen.
También los opositores la utilizarán como medio de promoción electoral, incluso las reformas al Código Penal se las tramita con esos propósitos; el país les importa menos.
Se han evitado preguntas relacionadas con la severa crisis política que vive el país. No se puede fortalecer la democracia sin partidos o movimientos políticos organizados con base en tesis o ideales que contribuyan a construir un mejor país, a eso responde que cualquier improvisado se candidatice. Los movimientos que existen son grupos creados por influencias políticas para participar en elecciones y se mantienen con la venia del CNE.
Es imperioso cambiar radicalmente la Función Legislativa, volver a la bicameralidad, disminuir la cantidad de asambleístas y mejorar su calidad; es absurdo tener tantos legisladores con exceso de asesores personales, lo cual dio origen al cobro de diezmos en perjuicio del erario nacional.
Hay que devolverle respetabilidad y confianza a la Función Judicial, convertida en un órgano bicéfalo con dos organismos nacionales. El Consejo de la Judicatura no ha justificado su existencia como órgano administrativo y disciplinario de jueces y fiscales. Los jueces de la Corte Nacional deben seleccionarse en un proceso con participación de delegados de probada eticidad de instituciones alejadas de la política partidista, como universidades, colegios de profesionales, Comisión Nacional Anticorrupción, medios de comunicación, Corte Interamericana de Derechos Humanos; estas organizaciones no responden a intereses corporativos y garantizarían una designación de jueces del más alto nivel posible, como se hizo en ocasiones pasadas.
Tampoco se justifica mantener el CPCCS, lo cual debió consultarse.