Consulta incierta
El Gobierno deberá realizar una convincente campaña demostrativa de la trascendencia futura de la consulta, de lo contrario caerá en el vacío
Después de más de 15 meses, el Gobierno sin previa socialización con sectores y actores sociales propone una consulta popular con altas posibilidades de ser negada, si se advierte el bajo porcentaje de aceptación presidencial.
La consulta tiene un alto componente político y la oposición promoverá su rechazo acusando de ser una maniobra del Gobierno para legitimarse y distraer a la opinión pública de álgidos problemas, como la creciente inseguridad personal y jurídica, la corrupción, el aumento de la pobreza, el elevado desempleo, que no se han contrarrestado.
Debe esperarse el dictamen de la Corte Constitucional que calificará qué preguntas son plebiscitarias y considerarse como enmiendas constitucionales y cuáles son reformas sujetas a trámite en la Asamblea y a referéndum aprobatorio; ese dictamen podría minar la credibilidad ciudadana sobre la conveniencia de esta consulta, que tiene un costo que lo pagará el país.
Las preguntas formuladas en poco ayudarán a reforzar la institucionalidad y la gobernabilidad dada la distancia existente entre el Gobierno y amplios sectores ciudadanos, lo cual volvería incierta su aprobación.
La Fiscalía, que busca su autonomía, expresa su desacuerdo con la creación de un consejo paralelo, lo cual burocratiza más la Función Judicial con el consiguiente costo fiscal, cuando el desafío es la mayor austeridad en el gasto público corriente.
Hay deseos de que se disminuya el número de legisladores y asesores (raíz del cobro de diezmos), pero se aumentan legisladores nacionales y disminuye la representatividad territorial, lo que generará descontento en provincias. Ese aumento se justificaría con la bicameralidad, en cuyo caso los legisladores nacionales con ciertos requisitos podrían integrar la Cámara del Senado.
Tampoco es acertado cambiar el organismo de designación de autoridades de control, lo importante es establecer procesos definidos de participación ciudadana que impidan acuerdos politiqueros de trastienda.
El Gobierno deberá realizar una convincente campaña demostrativa de la trascendencia futura de la consulta, de lo contrario caerá en el vacío.
