Descentralización, desconcentración del poder
"Los dos últimos gobiernos profundizaron la centralización. Convirtieron a provincias, cantones, parroquias y gobiernos locales en suplicantes de obras, servicios y transferencias de sus asignaciones fiscales"
Los candidatos han eludido hablar del cambio que más necesita el país para fortalecer su democracia y construir unidad nacional: descentralización administrativa y desconcentración del poder político, que responda fidedignamente a la diversidad geográfica, étnica-cultural y a la histórica existencia de ayuntamientos o gobiernos seccionales. El modelo de gestión del Estado debe cambiar para lograr un desarrollo más equitativo y armónico del país y superar desencuentros regionalistas.
Los dos últimos gobiernos profundizaron la centralización, convirtiendo a provincias, cantones, parroquias y gobiernos locales en suplicantes tramitadores de obras, servicios y transferencias de sus asignaciones fiscales. Hay que retomar los progresos descentralizadores logrados en la Constitución de 1998 y los movimientos autonomistas de los años 1999-2000. La propuesta demanda voluntad política, un patriótico debate y acuerdo nacional, analizar sin prejuicios sistemas exitosos de países desarrollados, como provincias confederadas, regiones federadas, distritos metropolitanos, autonomías locales, que desmonten un centralismo burocratizado, excesivamente regulador, arbitrario y perturbador de derechos.
La Constitución del 2008 es regresiva en descentralización, asigna competencias al gobierno nacional que corresponden ser compartidas o asumidas por gobiernos seccionales.
La pandemia ha evidenciado lo nocivo de un manejo centralizado de la salud; debe volverse, como se hacía antes, a manejos desconcentrados en educación, descentralizar la administración de servicios básicos: agua, luz, comunicaciones, tránsito, programas de vivienda. Las políticas públicas pueden tener carácter nacional, pero no su implementación.
Los tributos al consumo (IVA, ICE y otros similares), pagados por los habitantes de cada región o localidad, deben ser recaudados e invertidos en los lugares donde se generan, al menos en un 50 %.
Desconcentrando la administración pública, con organismos judiciales y entes de control honestos e independientes del poder político, tendríamos un mejor país y mayor bienestar compartido.
