Medardo Mora: La herencia del Trujillato
El CPCCS que presidió el Dr. Trujillo buscó también rescatar el Poder Judicial designando un CJ presidido por dos juristas de notable trayectoria...
El cuestionado presidente del CPCCS, Alembert Vera, con inocultable sesgo politiquero, trató vanamente de desacreditar la labor realizada en la presidencia del Consejo Transitorio por el Dr. Julio César Trujillo, organismo desde el cual hizo un inmenso y trascendente aporte para fortalecer la institucionalidad democrática, rescatando dos entidades claves para la seguridad jurídica y supervivencia del régimen de Derecho: la Corte Constitucional, convertida actualmente en el organismo de mayor credibilidad con el que cuenta el país y su frágil democracia; y la Fiscalía General del Estado, cuya titular, la Dra. Diana Salazar, con un patriotismo y honestidad digna del mejor reconocimiento, combate la corrupción, impulsando enjuiciamientos que no dejan duda de su apego a lo correcto, como en casos conocidos como Sobornos, Coca Codo Sinclair, Las Torres, Reconstrucción de Manabí, obstrucción de la justicia, que sigue contra impresentables vocales del Consejo de la Judicatura, y muchos más en trámite. No obstante, lo hace sin haber recibido el apoyo presupuestario que solicitó a los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, para contar con un equipo de fiscales que le permitieran avanzar en investigaciones de incontables actos de corrupción.
El CPCCS que presidió el Dr. Trujillo buscó también rescatar el Poder Judicial designando un Consejo de la Judicatura presidido por dos juristas de notable trayectoria, probidad y decencia, los doctores Marcelo Merlo y Aquiles Rigail, pero un resquebrajamiento interno provocado por vocales antepusieron agendas personales a la tarea encomendada, impidieron depurar la administración de justicia, y hoy el país paga las consecuencias. La justicia está muy contaminada, con un Consejo de la Judicatura nada confiable. Tampoco ha cumplido su cometido el Consejo Electoral, recuperado de fuerzas oscuras como aquella que dirigió el Dr. Juan Pablo Pozo y su descarado fraude en las elecciones del 2017.
Quizá omitió designar un nuevo contralor que aleje a esa entidad de la politiquería y cumpla sin desviaciones su primordial deber, que es el de controlar el buen uso de recursos públicos.
