Institucionalidad resquebrajada
Cuando se atropella la ley y no existe justicia, se imponen los criterios de funcionarios o ciudadanos abusivos que tienen descompuesto al país. Muy triste realidad’.
La situación que vive la Municipalidad de Quito es reflejo del profundo resquebrajamiento de la institucionalidad del país, lo cual afecta la democracia que se sustenta en un Estado de derecho, en el que el respeto a la ley, la racionalidad, la organización, el orden, la ética, se constituyen en sus pilares insustituibles.
El Ecuador está atrapado en una sórdida y mezquina lucha por el poder entre quienes agreden elementales normas de convivencia democrática, que utilizando una dialéctica y lógica falsa pretenden justificar abusos, atracos, intereses personales o de grupo, destrozando todo vestigio de lo que significa el ejercicio y cumplimiento de derechos u obligaciones, elementos indispensables para lograr una real paz social.
La causa de este impresentable episodio se origina en la actitud de jueces o funcionarios que creen que pueden hacer lo que les da la gana, olvidando que solo pueden hacer aquello que legal y expresamente les compete. Resulta insólito que un Tribunal de Justicia de última instancia, el TCE, dicte un fallo y otros jueces, irrespetando lo que significa la cosa juzgada, dicten otro fallo para interferir esa resolución.
Es verdad que el exalcalde tiene el derecho de reclamar la protección de sus derechos humanos, lo cual está amparado por la Constitución y tratados internacionales sobre la materia, pero ese reclamo que puede incluso llegar a instancias internacionales, no puede servir para atropellar derechos de terceros ni menos aún desconocer facultades de un organismo legítimamente constituido, como el Concejo de Quito, que bien o mal, es elegido por los habitantes de ese cantón.
Ninguno de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pueden mirar para otro lado en la crisis que enfrenta la Municipalidad de Quito. Es obligación de las autoridades hacer respetar la ley para proteger a ciudadanos honestos que no merecen estar expuestos al tráfico de influencias políticas o corruptelas. Cuando se atropella la ley y no existe justicia, se imponen los criterios de funcionarios o ciudadanos abusivos que tienen descompuesto al país. Muy triste realidad.