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Medardo Mora | Seguridad e impuestos

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Es injusto que la imprevisión o improvisación de anteriores gobiernos, el impune saqueo y derroche de los recursos públicos los pague una ciudadanía

El alarmante avance delincuencial que vive el país, la fuga de dos cabecillas de organizaciones criminales cono alias Fito y Salvaje, el secuestro del personal y toma del canal de televisión TC, detener en cárceles guardias penitenciarios como rehenes, detonación de coches bombas y explosivos, obligaron al presidente Noboa a decretar “un conflicto armado interno” y facultar a las FF. AA. y a la Policía Nacional a neutralizar esta inaceptable situación que atemoriza e intranquiliza a toda la sociedad.

Es posible, en el más estricto apego a normas internacionales, que los grupos delincuenciales identificados en el decreto presidencial como terroristas no reúnan requisitos para ser considerados como tales, pero estos grupos que cuentan con apoyo logístico y financiero internacional están desafiando al poder constituido y al Estado, y han convertido al Ecuador en el país más violento de América Latina; han permeado las fuerzas de seguridad, la administración de justicia y otras instituciones, alterando gravemente el orden y la seguridad nacional, siendo inaplazable enfrentar esta situación, que ha merecido amplio respaldo de la ciudadanía, de sectores políticos de oposición, apoyo internacional sin distingos políticos ideológicos.

Hay que comprender que el Derecho regula hechos, no se puede fabricar realidades para imponer leyes. En la actualidad existe un enorme poder económico del narcotráfico transnacional, grupos religiosos como el islam, contrarios al régimen de Derecho; es momento de que organismos internacionales actualicen normativas que protejan los derechos humanos de todos, que prevalecen sobre los de una o un grupo de personas.

Este no es un problema circunstancial, se debe concebir un plan de largo alcance, prevenir rebotes futuros, financiar el costo de movilización de la fuerza pública, pero es injusto que la imprevisión o improvisación de anteriores gobiernos, el impune saqueo y derroche de los recursos públicos los pague una ciudadanía empobrecida subiendo el IVA, lo cual afectará a la gran mayoría de ecuatorianos. Asamblea y Gobierno deben buscar otras alternativas.