Medardo Mora Solórzano | Corrupción y democracia
El manejo austero de recursos públicos y combatir la corrupción deben ser las primeras preocupaciones del Estado
El robo de recursos públicos es un acto de corrupción que perjudica destinar recursos a salud, educación, vivienda, seguridad social, carreteras. El Ecuador sufre este cáncer social vinculado al crimen organizado y la inseguridad, debilitando la democracia, favoreciendo la promoción de gobiernos autoritarios, tiránicos, donde sus altos funcionarios coparticipan de la misma.
La corrupción es abuso, engaño, soborno, tráfico de influencias, utilización dolosa de recursos públicos; en ella interviene un funcionario estatal que por dádivas perjudica al país y beneficia intereses personales. Hay que recordar el mensaje de Juana de la Cruz: son tan culpables “el que peca por paga y el que paga por pecar”. Quienes participan de estos fraudes cometen delitos imprescriptibles como cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. La ONU estableció regulaciones contra la corrupción el año 2005, pero poco se avanzó en su aplicación.
El manejo austero de recursos públicos y combatir la corrupción deben ser las primeras preocupaciones de los poderes del Estado; son la base de un buen gobierno. Tolerar la corrupción contribuye a desmejorar las condiciones de vida de todos. En su combate debe participar la sociedad civil, marginando a los corruptos, con la frontalidad que con acciones y no con palabras lo hace la fiscal Diana Salazar, poniendo en riesgo su integridad personal y soportando agravios de los sindicados.
Lamentablemente la honestidad no está de moda, se ha cambiado la cultura de la dignidad y honorabilidad por hacer dinero fácilmente.
Los corruptos se evidencian en el enriquecimiento no justificado, construir un patrimonio es tarea de toda una vida. No se puede aparecer de repente con lujos, bienes, dinero, vehículos, viajes, salvo que se haya recibido una cuantiosa herencia o sacado la lotería.
El organismo que controla el enriquecimiento ilícito es Contraloría, no lo demuestra; tampoco ha controlado el buen y transparente uso de recursos públicos. Se ha puesto al servicio del poder político, avalando manejos irregulares de funcionarios y más bien ha perseguido por razones políticas a personas correctas.
