Caos institucional
En ese escenario, la ciudadanía pierde credibilidad en quienes gobiernan, generando desencanto y pesimismo. Eso explica el bajo nivel de aceptación del Gobierno, Asamblea y Administración de Justicia’.
El país vive un inédito enredo jurídico originado en la ninguna coordinación entre instituciones del Estado y la pugna de Gobierno y oposición, motivada últimamente por el apetito de controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), e influir en la designación de directivos de Organismos de Control (Contraloría, Superintendencias), autoridades electorales y Consejo de la Judicatura, lo cual ha llevado a involucrar a la Función Judicial con jueces convertidos en juzgadores del bien y del mal, que abusan de acciones jurisdiccionales y de protección de garantías constitucionales de las que gozan las personas, contribuyendo a incrementar el caos institucional y una creciente inseguridad jurídica.
El preocupante resquebrajamiento de la institucionalidad por maniobras politiqueras de corto alcance genera confusión, cada cual quiere interpretar la Constitución y la ley según sus conveniencias, sin que exista quién ponga orden en este desbarajuste; en cambio está ausente una propuesta por construir una mejor sociedad regida por valores, con mayores niveles de bienestar. Al parecer la clase política limita su agenda a participar en procesos electorales para alcanzar alguna cuota de poder, con el agravante de que la radicalización de posturas llega al nivel de que si un partidario comete una irregularidad está bien, pero se busca descalificar al adversario así no tenga culpabilidad. No existe respeto a una normatividad legal y eso equivale a un suicidio de la democracia. Los valores han sucumbido ante la corrupción, mientras siguen en auge la delincuencia común y la organizada.
En ese escenario, la ciudadanía pierde credibilidad en quienes gobiernan, generando desencanto y pesimismo. Eso explica el bajo nivel de aceptación del Gobierno, Asamblea y Administración de Justicia.
Este caos arrastra a la seguridad social, que debiera ser ajena a disputas politiqueras y tener la suficiente autonomía para ser administrada por sus legítimos dueños: aportantes y jubilados. Estos últimos ni siquiera tienen quién los represente en las decisiones del IESS.
