La Conaie y sus reclamos
'Es legítimo su derecho a discrepar y reclamar por acciones gubernamentales que consideren lesivas al interés nacional, pero no es lícito que cierren por la fuerza carreteras, perjudicando a todos’.
Las comunidades indígenas y pueblos aborígenes gozan desde la Constitución de 1998 de garantías para mantener libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que son inalienables, inembargables e indivisibles, de ser consultadas sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que puedan afectarlas ambiental y culturalmente. Esta protección se extiende a pueblos en aislamiento voluntario cuyos territorios son irreductibles e intangibles y vedados a la actividad extractiva.
Igualmente se garantiza potenciar la educación intercultural bilingüe, desde el nivel inicial hasta el superior, para cuidar y preservar las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. La administración de este sistema será colectiva y participativa.
Para los efectos señalados pueden mantener organizaciones que los representen, en un marco de pluralismo y diversidad cultural, política y organizativa.
Al pueblo afroecuatoriano también se le garantizan derechos de identidad, cultura y tradiciones y desde la Constitución del 2008 ante petición hecha desde Manabí, los derechos colectivos de los pueblos montuvios, en especial a las comunas que tienen una propiedad colectiva de la tierra.
El Ecuador se define como un Estado plurinacional, pero algunos dirigentes de las comunidades indígenas han desviado sus derechos específicos, como el caso del presidente de la Conaie, Antonio Vargas, que en enero de 2000 apoyó la toma del Congreso Nacional que hizo el Crnel. Lucio Gutiérrez, o en octubre de 2019, apoyando acciones destructivas y agresiones a miembros de la fuerza pública, periodistas y ciudadanos.
Es legítimo su derecho a discrepar y reclamar por acciones gubernamentales que consideren lesivas al interés nacional, pero no es lícito que cierren por la fuerza carreteras, perjudicando a todos. Es saludable que la Conaie haya retomado un diálogo civilizado y democrático con el Gobierno, el país necesita orden y no zozobra para superar los estragos de la pandemia.
