CPCCS: sin representatividad ni credibilidad
Los miembros del CPCCS fueron elegidos por un porcentaje minoritario de ciudadanos y aquello les resta representatividad
Sin duda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está alejado de los propósitos que motivaron su creación como instancia de la ciudadanía, encargado de promover la participación de sectores ciudadanos, de contribuir a controlar actos de corrupción y a establecer una transparente rendición de cuentas de las entidades públicas. No hay que olvidar que este organismo fue creado para sustituir a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, integrada por representantes de organizaciones sociales y ciudadanía. Su otra función es designar autoridades de organismos de control: Fiscalía General, Contraloría, defensores del Pueblo y Público, autoridades de la Judicatura y electorales, con la finalidad de evitar que estas sean producto de repartos políticos en la Legislatura, como sucedía anteriormente.
En el gobierno del Ec. Correa se manipuló la elección de sus miembros y el organismo se convirtió en un instrumento del Poder Ejecutivo, se lo politizó sin reserva alguna; el remedio fue peor que la enfermedad. En el gobierno de Lenín Moreno se cambió su forma de integración a través de la elección popular de sus miembros, en la que cualquier espontáneo (a) puede candidatizarse. Se estableció que sus miembros no podían ser auspiciados por organizaciones políticas, pero en la última elección algunos fueron elegidos con el abierto patrocinio de movimientos políticos, elección que en consecuencia carece de valor legal y así tendrán que pronunciarse las autoridades electorales, que deben actuar sin temor o cálculo al depender su designación justamente del CPCCS.
Los miembros del CPCCS fueron elegidos por un porcentaje minoritario de ciudadanos y aquello les resta representatividad. Si a ello se agrega que actúan con criterios políticos sectarios o sesgados, como en su arbitraria actitud de juzgar un supuesto plagio de la tesis doctoral de la fiscal general Diana Salazar, sin tener competencia para ello, han perdido toda credibilidad. El organismo debe recuperar la confianza de la ciudadanía, de lo contrario el próximo gobierno deberá consultar su abolición, como desea la mayoría de ecuatorianos.
