Crisis institucional
En un Estado de derecho, cuando las instituciones y quienes las dirigen o conforman irrespetan la ley y abusan del cargo, generan inseguridad jurídica
Mucho se ha comentado sobre la crisis de institucionalidad que vive el país. En un Estado de derecho, cuando las instituciones y quienes las dirigen o conforman irrespetan la ley y abusan del cargo, generan inseguridad jurídica y resquebrajan la democracia. Esa realidad se refleja en el escandaloso caso del actual Consejo de la Judicatura, presidido por un folclórico personaje, al pretender decidir contra toda lógica que el voto de dos miembros constituye mayoría en un organismo integrado por cinco vocales, actitud que además carece de ética al pretender destituir a un juez de la Corte Nacional de Justicia que conoce el juicio que se sigue contra dos de sus vocales por tráfico de influencias.
Si así actúa el organismo encargado de velar por la trasparencia y eficiencia de la Función Judicial, en el que sin el más mínimo rubor y decoro la mayoría de sus miembros han perdido la confianza de las entidades que los designaron; si existen jueces inescrupulosos que por influencias o pagos dictan fallos favoreciendo a delincuentes y actos de corrupción; si hay municipios que no ejercen ningún control en el tránsito urbano pero contratan cámaras para cobrar multas leoninas a los ciudadanos; si los agentes de tránsito en carreteras se dedican a extorsionar a los conductores, cómo se puede confiar en las instituciones públicas.
La fiscal general ha salido una vez más en defensa de la ética pública y el orden jurídico iniciando una acción penal por obstrucción de la justicia, pues el juez destituido por la Judicatura conoce los juicios contra dos vocales del organismo y el caso Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi.
La actitud de la fiscal provocó la reacción del CPCCS, que demuestra estar al servicio de un grupo político. Su presidente advierte a la Fiscalía que no intervenga en el bodrio de la Judicatura, pero también el CPCCS funciona con vocales elegidos ilegalmente, patrocinados por un movimiento político, contando con la inaceptable negligencia del Consejo Nacional Electoral.
La pregunta es: ¿quién protege a los ciudadanos si cada funcionario obra de acuerdo a sus conveniencias? Hay caos y desgobierno.
