Impuestos y su destino
No es ningún logro incrementar recaudaciones fiscales, provinciales o municipales aumentando impuestos; inversamente
La Corte Constitucional consideró urgente el Decreto Ejecutivo del Gobierno que dice que está “poniendo en el bolsillo” de los ecuatorianos 200 millones de dólares rebajando impuestos, pero en realidad está devolviendo una pequeña parte de los establecidos con su Ley de Sostenibilidad Fiscal, que inyectó ingresos al fisco por alrededor de 1.500 millones de dólares anuales.
Los impuestos son tributos pagan los ciudadanos para gastos operativos del Estado, para ser invertidos en infraestructura y prestación de servicios públicos que beneficien al conjunto de la población, con el ulterior propósito de redistribuir la riqueza y procurar un mayor bienestar compartido. Es derecho de los contribuyentes demandar un buen, eficiente y transparente uso de los tributos.
En el caso del impuesto a la renta, es un tributo directo que se cobra de acuerdo a la capacidad del contribuyente en relación con sus ingresos por su trabajo o utilidades que obtiene en sus actividades; los impuestos al consumo (IVA e ICE) son indirectos y se recaudan según las posibilidades económicas de las personas, debiendo tener cuidado el órgano recaudador de no gravar bienes necesarios para la subsistencia, como alimentos o medicinas, a efectos de evitar que el impuesto se vuelva regresivo, haciendo que todos paguen todo igual, cuando por principio tributario el impuesto debe ser proporcional y progresivo. Debe pagar más quien más ingresos tiene.
Aparte de estos tributos u otros específicos, aranceles a las importaciones y contribuciones que se establecen, los organismos seccionales cobran impuestos prediales, tasas por mejoras, aseo, seguridad, volviendo onerosa la carga impositiva, que afecta la calidad de vida de los habitantes. Por ello es reprochable que a pretexto de infracciones de tránsito se agreda al ciudadano con cuantiosas multas, como lo ha denunciado Diario EXPRESO. No es ningún logro incrementar recaudaciones fiscales, provinciales o municipales aumentando impuestos; inversamente, debe aliviarse la carga tributaria y no hacer que los ciudadanos paguen la burocratización e ineficiencia de Gobierno, prefecturas y municipios.
