Medardo Mora: Monopolio del servicio eléctrico
El nuevo gobierno debe buscar sin dilaciones cómo superar vicios atávicos en empresas públicas convertidas en botines y corruptelas inaceptables
La Constitución del Ecuador reserva al Estado administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre ellos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley.
También reserva al Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que establezca la ley. Estos servicios públicos los presta a través de sociedades de derecho público, con personería jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Y deben suministrarse con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales, ambientales, precios y tarifas equitativos. Sus actividades están sujetas al control de organismos pertinentes. Se podrá delegar que participen en sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas y de forma excepcional a la iniciativa privada, de acuerdo con la ley.
Es entendible que los recursos del suelo, subsuelo y espacio aéreo sean regulados y gestionados por el Estado, al pertenecer a todos los ecuatorianos, al no ser susceptibles de propiedad privada, ni perseguir fines de lucro; su administración debe ser eficiente, cuidadosa, responsable, austera.
Nada justifica el racionamiento de energía eléctrica que sufre el país, eso revela imprevisión y negligencia de las entidades y funcionarios encargados de prestar este servicio, del cual dependen muchas actividades. Las pérdidas son incalculables, comenzando por la compra onerosa y apurada de luz a países vecinos.
Triste final de un gobierno que ha demostrado ineptitud. Deja de herencia una creciente inseguridad, déficit fiscal y alto riesgo país. El nuevo gobierno debe buscar sin dilaciones cómo superar vicios atávicos en empresas públicas convertidas en botines y corruptelas inaceptables. Se impone una reingeniería profunda de aquellas que abusan del monopolio que tienen.
