Paros y diálogos costosos
Es importante que el diálogo se lo extienda sin exclusiones a otros sectores, por la incidencia del precio de los combustibles en el costo de vida de los 18 millones de ecuatorianos...’.
El Ecuador ha vivido dos paros prolongados y violentos en octubre de 2019 y junio de 2022, ambos originados por una alza inconsulta del precio de los combustibles, el primero en el gobierno del presidente Lenín Moreno y el segundo en el del presidente Guillermo Lasso. Ambas paralizaciones y movilizaciones fueron promovidas por las organizaciones indígenas, encabezadas por la Conaie. Los dos paros fueron superados mediante una mediación, en el primer caso del Delegado de la ONU en Ecuador, en el segundo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se estima que cada paro le costó al país alrededor de 1.000 millones de dólares por los daños causados y la paralización de actividades.
Es indudable que la organización social con mayor capacidad de convocatoria y movilización es la Conaie, que actualmente no solo persigue fines de reivindicación de sus derechos ancestrales y comunitarios, sino que tiene una clara orientación política por las ideas expuestas por su presidente Leonidas Iza, que invoca una tesis con un contenido étnico y un modelo de gobierno con alta intervención del Estado. La dirigencia de la Conaie incluso aparece con independencia del movimiento Pachakutik, que ha sido en los últimos años el brazo político de las organizaciones indígenas.
Todo diálogo es saludable en una democracia, no es malo que el Gobierno haya mantenido un prolongado conversatorio con las organizaciones indígenas. No se conoce puntualmente lo acordado y los costos que tienen para el país los acuerdos alcanzados, lo que sí está claro es que el asunto medular que provocó las destructivas paralizaciones apenas tiene un tibio avance sobre focalización de subsidios a los combustibles, lo cual debió analizarse antes de elevarse su precio. Tampoco está claro el destino que se dará al ahorro por subsidios que disminuyan o se eliminen, ni cómo se lo implementará.
Es importante que el diálogo se lo extienda sin exclusiones a otros sectores, por la incidencia del precio de los combustibles en el costo de vida de los 18 millones de ecuatorianos, a los que el Gobierno tiene el ineludible deber de procurar su bienestar.
