Rectificaciones y gobernabilidad

El país debe pagar el costo del último paro de 18 días, que tuvo bloqueado al sector empresarial pequeño, mediano y grande, impedido de trabajar y de generar bienes y servicios necesarios para la subsistencia del conjunto de la sociedad, así como por la paralización de la explotación petrolera, que afectó al fisco, el cual sufrió también la disminución de ingresos tributarios.

Este episodio debe ser tomado por el Gobierno como un llamado de atención a la desatención a urgentes necesidades sociales, que evidenció además una radical división entre ecuatorianos, sin que el Gobierno haya alcanzado “el encuentro” que lo acerque a distintos actores y sectores de la sociedad civil.

El Gobierno ha carecido de iniciativas para enfrentar los graves problemas de institucionalidad, entre otros, la alegre proliferación de agrupaciones políticas que monopolizan y comercian candidaturas de elección popular, la eliminación del CPCCS, disminución del número de asambleístas, la bicameralidad, la independencia de la Fiscalía, eliminar o puntualizar atribuciones del Consejo de la Judicatura y evitar la bicefalía de la Función Judicial, priorizar el combate a la corrupción, el mejoramiento de la salud, la educación; todo aquello que colocó al presidente Lasso muy cerca de ser destituido por la Asamblea, que puede ser antipática para la mayoría de ecuatorianos pero que es parte de la institucionalidad democrática. Agrupaciones políticas a las que el Gobierno atacó con agresividad que no se justifica ni era necesaria, evitaron su destitución.

El Gobierno está compelido a rectificar, a construir bases sustentables de gobernabilidad, llamar a colaborar con el Gobierno a ecuatorianos capaces, experimentados, honorables, que no son parte de su agrupación política y que lo apoyaron en la campaña, lo cual le hubiese permitido fortalecerse y mejorar la débil credibilidad ciudadana que tiene. No es suficiente seguir sosteniéndose apelando al anticorreísmo, que tiene algún sentido en la retórica política, pero en nada contribuye a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, deber inexcusable del Gobierno.