El dueño de la verdad
Garantizar la libertad de expresión y de información debe ser uno de los deberes prioritarios del Estado en regímenes verdaderamente democráticos
El malhadado proyecto de nueva Ley Mordaza, enviado por la Legislatura al Presidente de la República para su aprobación o veto, contiene normas groseramente regresivas, por lo que su veto total es mandatorio.
Al igual que la Constitución de Montecristi, el nuevo proyecto de Ley de Comunicación enviado por la Asamblea, contiene redacción confusa, para malear el texto a su conveniencia, de ser necesario. Acallar la crítica; desanimar la investigación, judicializar y penalizar la denuncia de actos de corrupción; exigir la contrastación y verificación de la información; siempre y cuando no tenga que ver con actos de corrupción, tratándose de gobiernos afines, sean estos seccionales o del gobierno central.
Haber pretendido otorgarle al Estado la calidad de dueño de la verdad absoluta es un despropósito, más aún en los gobiernos fascistas, con un estado de propaganda, donde la corrupción "es casi política de estado", ampliamente practicada e indispensablemente ocultada; por lo que, la verdad es inconveniente, debe ser manipulada, deformada, descontextualizada, a través de la desinformación; como ejemplo podemos citar, en el correato, los casos de El Gran Hermano, Odebrecht, la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, etc., donde se desinformó a la ciudadanía con campañas propagandísticas de desinformación, a más de en las sabatinas perseguir a los periodistas que denunciaron las irregularidades en las diversas contrataciones de la época.
Garantizar la libertad de expresión y de información debe ser uno de los deberes prioritarios del Estado en regímenes verdaderamente democráticos.
Dice la máxima: "por sus actos los conoceréis". Los gestores del proyecto de la nueva Ley Mordaza dejaron en claro sus objetivos: Borrar los delitos de su líder, prófugo en Bélgica, preparar el camino para que retome el gobierno la Revolución Ciudadana con él a la cabeza; otorgándole la herramienta de inquisición contra la libertad de expresión, asegurando la impunidad endureciendo la Mordaza, concediéndole graciosamente al Estado, en este caso al Mandatario, la propiedad exclusiva de la verdad.
