Modesto Apolo: Lo ético vs. la legalidad
Cualquiera con un mínimo de ética, ante las circunstancias descritas, tiene el deber moral de dar un paso al costado
La necesidad de fortalecer la institucionalidad de las funciones del Estado, la independencia de poderes, la seguridad jurídica, esto es, el respeto a las normas legales y sus procedimientos, es fundamental. Mas la legalidad transmuta a ilegitimidad cuando se divorcia del deber ético fundamental en todo servidor público.
La suspensión de funciones por 150 días a la vicepresidente Abad genera controversias y suspicacias en cuanto a la legalidad del procedimiento utilizado y la sanción aplicada, en su calidad de funcionaría pública asignada a la delegación diplomática en Israel.
¿Que implica ser presidente y/o vicepresidente? Implica que su labor es trabajar en favor del pueblo, de acuerdo al programa de gobierno presentado al inscribir la candidatura, programa aceptado a través del voto en las urnas, configurándose el “pacto social” del que hablaba Rousseau, el cual, sustentado en el principio de legalidad, principalmente, debe ser de carácter moral.
Analizando las actuaciones de la vicepresidente en el desempeño de sus funciones diplomáticas en la delegación en Israel, no podemos ignorar que contradijo la postura institucional del país frente al tema palestino, incurriendo en un acto de deslealtad para con el Estado ecuatoriano, al que está obligada a respetar y proteger; como tampoco podemos pasar por alto el ofrecimiento de que de hacerse cargo de la presidencia indultaría al prófugo Correa, sentenciado por actos de corrupción, y cuyo movimiento es el brazo de articulación política de la delincuencia organizada nacional y transnacional. Dicha declaración contraviene su obligación de proteger los intereses del Estado y de sus ciudadanos.
El análisis debería centrarse en los principios cívicos, morales y éticos que deben ser prioridad en todo servidor público, sea o no de elección popular.
Así, quien viola el mandato otorgado por los mandantes, a quienes traiciona al priorizar sus intereses personales y el de los delincuentes, deslegitima su cargo.
Cualquiera con un mínimo de ética, ante las circunstancias descritas, tiene el deber moral de dar un paso al costado.
