¿Para quién trabaja, presidente?
Incrementar a la indemnización de despido intempestivo el 1,5 de penalidad es condenar a la desaparición de las empresas privadas y a las pocas plazas de trabajo que han quedado.
¿Para quién trabaja presidente? La pregunta, a más de ser válida, es oportuna y explicaré por qué. A raíz del brote del COVID-19 o coronavirus, hecho imprevisible y que para muchas personas, empresas, negocios y emprendimientos, generó circunstancias irresistibles, al punto que tratándose de personas naturales, muchas perdieron la vida, otras se recuperan de manera lenta y algunas sin anticuerpos, es una situación cuyo símil puede ser aplicado a las personas jurídicas, ya que el cierre de ellas equivale a la muerte, y la descapitalización a la falta de anticuerpos.
Las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, requieren de un proceso largo de recuperación o convalecencia. Requieren reestructurar su economía para contar con los insumos mínimos que ayuden a su recuperación, en este caso, reducción de gastos, costos, para salvar lo poco que queda.
El Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, presentada por el presidente de la República a la Asamblea, el 16 de abril del presente año, generaba el espejismo de que al fin el Ejecutivo había entendido la necesidad de tomar decisiones vitales e impostergables para salvar los pocos empleos que existían hasta antes del COVID-19 (30 % entre públicos y privados).
Remitido por la Asamblea al Ejecutivo el proyecto de ley en mención para su aprobación o veto, quienes le tienen medida la capacidad resolutiva al presidente, reinician su campaña en contra del proyecto de ley y como suele suceder, el presidente cede a la presión de ese 4 % de sindicalistas que solo representan al 30 % de los trabajadores, entre públicos y privados, retrocediendo a la mitad de lo planteado, satisfaciendo a una minoría, a la que pareciera ser que le teme; en contra de la mayoría, 70 % desempleada, desde antes de la pandemia.
Incrementar a la indemnización de despido intempestivo el 1,5 de penalidad es condenar a la desaparición de las empresas privadas y a las pocas plazas de trabajo que han quedado. Por todo lo manifestado, es válida la pregunta: ¿para quién trabaja, presidente?
