Modesto Gerardo Apolo | Anarquía vehicular
La cooperación de la ciudadanía es por ello vital para mejorar el comportamiento en las calles
En el denominado Distrito 8, la anarquía, ineficiencia y corrupción en la gestión del tránsito se ha vuelto cosa de todos los días.
Las calles se han convertido en un caos constante y peligroso, invadidas por enjambres de motociclistas que irrespetan carriles, señales de tránsito, límites de velocidad o contravías. Ellos, al igual que los taxistas y los de transporte público y/o pesado, son los reyes de calles y carreteras.
Esta crisis es el resultado de una gestión deficiente y en algunos casos, corrupta. La ineptitud de la ATM y la corrupción en la CTE han exacerbado una situación que parece cada vez más insostenible.
El papel de la autoridad de tránsito municipal en la regulación del tránsito ha sido desastroso.
Por otro lado, la CTE, encargada de supervisar el cumplimiento de las normativas de tránsito a nivel nacional y controlar las infracciones, se ha visto involucrada en numerosos casos de corrupción.
Las denuncias en redes sociales de sobornos y extorsiones para evadir multas y la falta de acción contra conductores infractores sugieren que la corrupción ha penetrado profundamente en las fuerzas encargadas de mantener el orden.
Para abordar esta crisis se requiere un enfoque multifacético que combine medidas a corto y largo plazo, tales como transparencia y rendición de cuentas; implementar sistemas de monitoreo y auditoría para garantizar que las multas se imponen y se cobran de manera justa, y que los fondos destinados a la infraestructura vial se utilizan adecuadamente.
La educación y la conciencia ciudadana son esenciales para sensibilizar a los conductores sobre las normas de tránsito y las consecuencias de infringirlas.
La cooperación de la ciudadanía es por ello vital para mejorar el comportamiento en las calles.
Para romper esta mala práctica de irrespeto a la autoridad y normas de tránsito, se requiere implementar tecnología que identifique y sancione de manera automática al infractor.
La ciudadanía merece un sistema de tránsito que funcione con eficiencia y equidad y es responsabilidad de las autoridades locales y nacionales garantizar que esto se haga realidad.
