El desafío
El desafío para el nuevo gobierno es cumplir con sus promesas de campaña en el corto período de gobierno
El día de ayer asistimos a cumplir con el deber cívico para unos y obligación para otros del sufragio.
Las causas que precipitaron la realización de estas elecciones anticipadas son de conocimiento público. La oposición, a través del continuo boicot al programa de gobierno del presidente Lasso, lo llevó a decretar la denominada muerte cruzada.
Tanto el Ejecutivo, como la mayoría ciudadana, estábamos convencidos de que por fin en este corto período, sin la obstrucción por parte de la Asamblea, se lograría poner en práctica algunos de los planes que, con la categoría de económico-urgentes, permitirían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; pero sorpresivamente y para desilusión de todos, algunos miembros de la Corte Constitucional, para los cuales priman los intereses partidistas por sobre los de los ciudadanos, se atribuyeron las funciones de la defenestrada Asamblea, retomando la actividad obstruccionista del Legislativo.
En cuanto a la impunidad, el Judicial con sus excesos en otorgar sustitutivas a delincuentes, forma parte también de esta estructura perversa al servicio de los delincuentes y políticos corruptos, manipulando la ley y sacrificando la justicia.
El desafío para el nuevo gobierno es cumplir con sus promesas de campaña en el corto período de gobierno y combatir la inseguridad producida por los carteles del narcotráfico, quienes tienen a su servicio a las bandas delincuenciales, narcopolíticos, narcogenerales y narcojueces. El desafío para la nueva Asamblea, es cumplir con su rol de legislar en favor de la seguridad y del desarrollo económico del país, así como generar las condiciones de gobernabilidad requeridas.
El desafío del pueblo en la lucha contra la inseguridad es estar vigilantes de que la depuración de la narcopolítica, narcojueces y narcogenerales se cumpla; e identificar a quienes en el ejercicio del poder incumplieron sus promesas de campaña, para así, en las elecciones de 2025, sepultarlos de la vida política. Si no se asumen dichos desafíos, habremos perdido tiempo, dinero, credibilidad e imagen como país y el derecho a reclamar.
