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Dictadura parlamentaria

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Su accionar se circunscribe a utilizar la legislación, fiscalización e interpelación como medios y herramientas de chantaje y/o extorsión política, a ser utilizados contra el gobernante no alineado u opositor de turno.

En lo político, los ecuatorianos hemos vivido una verdadera dictadura parlamentaria durante los últimos 15 años, de los cuales, en el gobierno de la revolución ciudadana en el socialismo del siglo XXI con Correa en el Ejecutivo, luego de apoderarse de la Asamblea y empoderarse de la misma con la denominada “mayoría de los levanta manos”, Correa logró constituir un gobierno tiránico y déspota, disfrazado de democrático a través de la legislatura a su servicio.

Desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, y las siguientes Asambleas, incluyendo la actual, siguen siendo feudos del correísmo y sus afines, los cuales desde sus curules actúan en favor de los intereses del “líder y sus partidarios”, relegando el interés ciudadano a segundo o tercer plano, ya que para ellos el interés nacional es y debe ser el interés del líder y nada más.

Su accionar se circunscribe a utilizar la legislación, fiscalización e interpelación como medios y herramientas de chantaje y/o extorsión política, a ser utilizados contra el gobernante no alineado u opositor de turno.

En los últimos periodos legislativos, salvo honrosas excepciones que en todo caso confirman la regla, el objetivo de la mayoría legislativa correísta y de sus afines, ha sido asegurar la impunidad para sus coidearios, inmersos en juicios por presunto peculado y/o asociación ilícita; y por otro lado, generar normas de presión extorsiva para evitar la investigación y/o divulgación de información reveladora de posible comisión de actos de corrupción, como lo deja entrever el informe de minoría legislativa en referencia a la Ley de Expresión. Este informe radicaliza los principios excesivos y violatorios a la declaración de los derechos humanos contenidos en la denominada Ley Mordaza de Correa.

Ejemplos como los citados, sumada la amnistía, inconstitucionalmente otorgada a los vándalos de las revueltas de octubre de 2019 y el intento de tumbar al presidente Lasso, son signos irrefutables de que en el Ecuador la Asamblea sigue siendo el reducto donde Correa y sus compinches siguen practicando la dictadura parlamentaria.